En la mañana de ayer se desarrolló en la sede de Tribunales de Venado Tuerto una nueva audiencia de apelación en la que el juez de Cámara, Tomás Orso, confirmó el fallo de primera instancia que denegó la morigeración de la prisión preventiva solicitada por la defensa de Antonio Di Benedetto. De este modo, el abogado venadense, acusado de ser el cabecilla de una asociación ilícita que cometió la estafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina (calculan que el valor de las propiedades birladas ilegalmente llega a los 20 millones de dólares), continuará detenido en la Unidad Penitenciaria de Piñero.
De todos modos, en su resolución Orso definió que “pudiendo encontrarse agravadas las condiciones de detención del imputado, la Defensa se encuentra habilitada a plantear las acciones judiciales que estime pertinentes“. De esta manera, dejó abierta la opción de un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
En cuanto a la audiencia, comparecieron como represente del MPA, Mayra Vuletic, y por la defensa de DI Benedetto (quien compadeció vía zoom desde la Unidad Penitenciaria de Piñero), el abogado, Ángelo Rossini.
Así, en primera intancia la defensa expresó sus agravios solicitando que se revoque la resolución impugnada y se disponga la prisión preventiva domiciliaria a su defendido a cumplir en su casa particular sita en avenida Santa Fe 853 de Venado Tuerto. Además, pidió que se mantenga la fianza de 170 mil dólares oportunamente trabada, y se tenga como tutor al hijo, Mauro Di Benedetto.
Por su parte, la Fiscal se opuso y solicitó que se ratifique íntegramente la resolución dispuesta por el tribunal de primer instancia y se mantenga el status coercitivo de Di Benedetto.
En otro orden, también compareció por zoom una de la víctimas de la megaestafa, María Fernanda del Luján Lucas y finalmente, el propio Di Benedetto. Este último volvió a aludir a las malas condiciones de detención e insistir con los distintos padecimientos de su cuerpo y su psiquis.
Caber recordar que, Di Benedetto fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitado para ejercer su profesión por 10 años y debió pagar una multa de 2.340.000 pesos. La pena se le impuso como jefe y organizador de una asociación ilícita; coautor de estafa, tentativa de estafa y uso de documento falso; y coautor e instigador de falsedad ideológica.
A su vez, el condenado está acusado por otras 31 maniobras fraudulentas cometidas con la misma modalidad delictiva que se abordaron en una segunda investigación.