CiudadLos abogados de Mauro Blanco apelarán la prisión preventiva y consideran “de gravedad institucional” su destitución

Juan Miserere03/05/2021
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Los abogados defensores del destituido fiscal Mauro Blanco anticiparon que van a apelar la decisión del juez Adrián Godoy de dictar la prisión preventiva domiciliaria, al tiempo que calificaron de “inconstitucional” la decisión de la Asamblea Legislativa de removerlo de su cargo e inhabilitarlo por diez años sin la existencia de una condena.

En diálogo con VerTV, los abogados Rafaela Florit y Joaquín Fraga informaron que recién en el día de hoy Mauro Blanco fue notificado formalmente de la destitución resuelta por la Asamblea Legislativa la semana pasada. Y consideran que “la situación es llamativa porque (Blanco) estuvo suspendido durante seis meses, y a una semana de reintegrarse, deciden allanar a una persona que siempre estuvo sujeta a proceso, ejerciendo su defensa y sin interponer ningún amparo legal.  Sorpresivamente fue detenido y encarcelado, y apenas unos días después la Legislatura sin darle derecho a defensa en el mismo marco de la causa por la que lo habían suspendido, deciden destituirlo”.

En tal sentido, Florit citó a la la ley 13.013 del Ministerio Púbico de la Acusación, que “un pedido de destitución puede adoptarse siempre y cuando haya una condena firme, y acá el proceso recién empieza. Si esto no es político, la política dónde está…”, preguntó.

A Mauro Blanco se le imputan nueve hechos penales, de los cuales el juez Adrián Godoy consideró que hay elementos para considerar que hay probabilidad de culpabilidad en cuatro de ellos, por enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de deberes de funcionario público y revelación de información secreta. Por tal motivo, decidió dictar la prisión preventiva domiciliaria.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa, que en octubre del año pasado había suspendido a Blanco por 180 días, decidió destituirlo como fiscal e inhabilitarlo por diez años para ocupar cargos públicos.

“Gravedad institucional”

El viernes pasado se realizó una audiencia solicitada por la defensa para revertir la prisión del exfiscal tras aportar elementos en la causa por cohecho pasivo, pero el juez consideró que no era suficiente. Fraga entiende en cambio que “no hay ninguna prueba contundente que vincule a Blanco con los hechos que se le imputan, estuvo un año cumpliendo los requerimientos de la fiscalía, y por más que hoy cumpla una prisión morigerada, el encierro no es fácil porque hay que mantener a la familia, solventar los gastos… y además implicó que pierda el cargo que tenía en el MPA”.

Es que la Legislatura tomó la decisión de destituirlo a partir de su detención, dado que en el proceso se sigue presumiendo su inocencia. Por eso el defensor expuso que es llamativo “lo rápido que se toman algunas decisiones, porque previamente el fiscal fue citado, presentó pruebas y ejerció su defensa, resolviendo una suspensión como sanción. Ahora lo destituyen sin llamarlo para ejercer su derecho a la defensa”.

En esa línea, Florit ratificó: “Blanco debería haber seguido suspendido sin goce de sueldo hasta tanto se defina su situación procesal, sin embargo lo destituyeron y lo privaron por diez años de ejercer cargos públicos, lo cual es gravísimo porque estamos hablando de una inhabilitación prevista en el Código Penal. Hay una intolerable injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, imponiéndole una doble sanción a un presunto inocente, sin derecho a defensa, con una sanción penal como es la inhabilitación. La gravedad institucional es única”.

La audiencia cautelar donde se dictó la prisión preventiva de Blanco.

Apelación en marcha

La defensa está esperando el cumplimiento de los plazos pertinentes para apelar la prisión preventiva de Blanco. Sostienen que no hay argumentos para mantenerlo privado de la libertad: “Nunca demostró ser peligroso en el proceso: no amedrentó un testigo, no intentó hacer desaparecer ningún elemento ni buscó fugarse. No existen riesgos procesales y no se pueden presumir en alguien que tiene domicilio fijo, cuatro hijos y actividad lícita, que contribuyó con la investigación y dio explicaciones en forma permanente”.

Por eso anticiparon que está en trámite la apelación a la medida cautelar, aunque tiene que pasar un tiempo para que la Oficina de Gestión Judicial pueda fijar una fecha de audiencia de apelación.

Y en ese sentido, insisten con el peso político de la acusación que recae sobre Blanco: “Hay un aprovechamiento político de desacreditar la tarea de un fiscal o del Ministerio Público de la Acusación, entonces hay sectores que fogonean esa situación. Esto se está dando en la provincia de Santa Fe, y nadie debería ponerse contento de que exista una deslegitimación del MPA. Blanco es un fiscal sumamente honesto, no hay acción delictiva alguna y lo vamos a demostrar en un juicio, pero hay una tergiversación con la prisión preventiva, que no se le puede aplicar a nadie que no presente un riesgo procesal. Y acá se hizo sin ningún elemento que lo acredite”, agregó Fraga.

“No hay vínculos con el narcotráfico”

Por otro lado, Rafaela Florit aclaró que “no hay ningún elemento que permita vincular a Blanco con el narcotráfico ni la protección a narcotraficantes. El fiscal Mai está recurriendo a causas del Juzgado Federal destinadas a escuchar a terceras personas vinculadas a investigaciones por narcotráfico, que no sabemos si fueron realizadas legalmente o si existen nulidades, y la utilizan para sugerir que Blanco está vinculado a una organización criminal”.

Así, destacó que los hechos que se le imputan a Blanco no pueden estar vinculados al narcotráfico porque la Justicia Provincial no tiene incumbencia, aunque “las pruebas que dice tener el fiscal Mai son transportadas de otras personas que lo mencionan a Blanco. Hay una sola escucha donde él está efectivamente involucrado” con una persona que tuvo una causa por venta de drogas y que actuaba como informante del entonces fiscal.

No obstante, la defensora expuso que “Blanco no puede darle protección a nadie porque son causas federales. Hay una comunicación con una persona donde Blanco explicó que le dio información de un delito. Hay una cuestión ética que analizar, que fue la que generó la suspensión pasada”, completaron.

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