Hoy se realizaron las audiencias imputativa y cautelar a los transportistas que fueron detenidos tras movilizarse e impedir el ingreso y egreso de camiones en las plantas de la empresa Molinos Venado Tuerto, quienes recuperaron la libertad pero deberán cumplir con una serie de medidas restrictivas.
En total fueron doce los transportistas pertenecientes a TRA detenidos a pedido del fiscal Iván Raposo, a partir del conflicto iniciado el pasado 31 de agosto frente a la planta de Sarmiento y Falucho y la playa de camiones de 2 de Abril y ruta 8. Los transportistas reclamaban un cupo de viajes para trasladar la carga de pellet de trigo que comercializa la empresa.
Los detenidos, entre los que se encuentra el presidente de TRA, Ariel Ortiz, fueron liberados pero deberán cumplir con una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva: “Son varias reglas de conducta que tendrán que cumplir los transportistas: constituir un domicilio y presentarse una vez por semana en la sede del MPA, para dejar constancia de su arraigo y sujeción al proceso”, contó el fiscal Raposo en diálogo con Venado24.
Además los 12 transportistas imputados “no podrán acercarse a menos de 500 metros de las dos plantas de la empresa Molinos Venado Tuerto, como así tampoco a los domicilios de los propietarios y los obreros”, amplió el funcionario del Ministerio Público de la Acusación. La medida alcanza además al impedimento de “tener ningún acercamiento ni contacto por interpósita persona, por vía telefónica ni cualquier medio de redes sociales” con los representantes del molino.
Estas disposiciones tienen como objetivo descomprimir la situación que se generó a partir del conflicto que se extendió por siete días, período en el que la planta estuvo paralizada. La empresa aseguró que no podía atender al reclamo de los transportistas, dado que ese derivado del trigo (que se utiliza para feed lot) lo venden “a molino”, es decir que el comprador se hace cargo del flete.
En tanto, trascendió que los demandantes se van a constituir como querellantes para efectuar un reclamo civil por daños y perjuicios, mientras que la causa penal tiene su continuidad. Se les imputa a los transportistas el cargo de amenazas coactivas (que tiene una pena que va de 2 a 4 años de prisión efectiva) y compulsión al boicot (con penas que van de un mes a un año), pero “al estar concursados ambos delitos de manera real se suman los máximos y la pena puede ir de un mínimo de 2 a un máximo de 5 años”, agregó el fiscal.