La Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras dispuso la suspensión por seis meses sin goce de sueldo del fiscal del MPA de Venado Tuerto, Mauro Blanco. De todos modos, dejaron la puerta abierta para una sanción más grave en caso de que se produzcan avances en la causa.
A su vez también ordenaron la remoción de Gustavo Ponce Asahad del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, con una inhabilitación por diez años para intentar volver a concursar por un cargo en ese órgano del fuero federal.
Lo cierto es que tal como ocurrió con los dictámenes de la Comisión de Acuerdos, en la sesión conjunta ambas resoluciones no tuvieron votos en contra, ni se presentaron abstenciones. Todos fueron votos positivos, en sendas oportunidades. Primero votó el Senado y luego lo hizo Diputados, siempre bajo las características de una sesión celebrada por videoconferencia presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas.
La unanimidad de criterios de todos los sectores políticos de la provincia de Santa Fe con representación legislativa es un mensaje fuerte puertas adentro del MPA, así como del resto del Poder Judicial donde sigue su trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la ley con la que la Legislatura decidió ejercer un control directo sobre fiscales y defensores públicos.
En primer lugar se consideró el dictamen de la Comisión de Acuerdos referido a Blanco, quien sigue en su cargo, pero ha sido suspendido por medio año, sin haberes y bajo condiciones que conviene repasar.
En la sesión conjunta se leyó sólo la parte resolutiva del dictamen -no los considerandos- a pesar de que ésta contiene referencias respecto de ítems desarrollados en aquellos.
Una rápida lectura de los tres puntos votados dicen que: 1) Blanco queda suspendido por 180 días, sin goce de haberes “por mal desempeño en sus funciones” y con “expresa prohibición de ingresar a cualquier ámbito físico de cualquier dependencia” del MPA por “los hechos descriptos”.
2) Se suspende el trámite disciplinario sobre el “apartado 3”, y nombra los incisos que van de la a) a la h), referidos a la “comisión del delito doloso”.
El texto aclara que “si a juicio de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa” se presentan “elementos que ameriten seguir” el proceso en la Legislatura será reanudado “en razón del avance del trámite procesal” en la Justicia.
Durante la sesión, el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) presidente de la comisión bicameral destacó la unanimidad de sus doce integrantes para ambos dictámenes y también que a los encartados se les “ha otorgado el debido proceso”, lo que incluye haber podido ejercer su derecho a la defensa.
En tanto, el vicepresidente de la Comisión, el diputado Pablo Farías (FPCyS), cumplió con la formalidad de entregar el dictamen al secretario legislativo del Senado sobre Blanco, ya que Gramajo actuó como miembro acusador. También pidió la votación por signos (no de forma nominal) para simplificar el trámite en razón del total acuerdo político para ambos procesos.
Cabe recordar que Mauro Blanco está acusado de tener vínculos poco claros con un narco, también de la ciudad de Venado Tuerto, en un juicio con escuchas telefónicas y fotografías comprometedoras. Su caso –muy discutido entre los legisladores- llegó a la sesión bajo el signo de la unanimidad para garantizar que haya una dura sanción.
Fuente: V24/ nota Luis Rodrigo (El Litoral)