En la mañana de hoy se desarrolló en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto la audiencia en la cual se imputó por administración fraudulenta al exdelegado titular de Amsafe departamento General López, Alberto Maurino y a su exadjunto, Leandro Gonzalo. Al primero además se le atribuye el delito de invocar calidad simulada. El fiscal a cargo de la causa es Damián Casullo.
Cabe recordar que el proceso arrancó con la denuncia realizada a finés de junio del 2016 por el actual delegado del gremio docente, Javier Delgado, a poco de asumir sus funciones. En aquella oportunidad, Delgado denunció que la comisión anterior antes de retirarse realizó movimientos en efectivo por más de 4,5 millones de pesos.
Lo cierto es que, luego de un largo periplo que incluyó la investigación de tres fiscales (Lavini Rosset, Horacio Puyrredón y ahora Casullo), hoy se culminó concretando la esperada imputativa. “Ahora ya pedimos a la Oficina de Gestión Judicial la audiencia cautelar y esperamos concretarla en los próximos días”, acotó a Venado24 el funcionario judicial a cargo.
Además, adelantó que en dicha audiencia va a pedir el inmediato embargo e inhibición de bienes del acusado para que no pueda transferir o movilizar su patrimonio.
Por otra parte, el fiscal detalló que existen una importante cantidad de evidencias recolectadas en estos años, entre ellas una pericia contable realizada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que le permitieron avanzar en la imputación.
Conformidad de la actual conducción de Amsafe
En tanto, en la mañana hoy en la puerta del MPA estuvieron presente los integrantes de la actual conducción del gremio. Así el delegado, Javier Delgado manifestó su conformidad por el avance de la investigación y resaltó: “Lo único que pretendemos es que haya justicia y que todo ese dinero que se retiro indebidamente vuelva a los trabajadores de la delegación”
Y, aunque lamentó la demora de la justicia, valoró: “Para nosotros lo más importante es que los afiliados han ratificado un rumbo en nuestro sindicato y que esta no va a volver pasar. Ellos (refiriéndose a los imputados) después de 30 años frente a la delegación la manejaban como si fuera su propiedad privada”.
A su vez, insistió: “Nosotros realizamos la denuncia en ese momento porque ellos no podían explicar ese gran movimiento que hubo con los ahorros de nuestros compañeros trabajadores docentes del departamento pocos días antes de dejar el cargo”.
Y de paso recordó: “El movimiento que hicieron en ese momento fue de $4.5 millones de pesos con un dólar que estaba a $14”.
La causa
La denuncia presentada por los actuales representantes de la Delegación detalló que la anterior conducción realizó un importante movimiento en efectivo de más de 4, 5 millones de pesos el 23 y 24 de junio del 2016, dos días antes del vencimiento de sus mandatos.
De esa cifra, $2 millones fueron utilizados para abonar la indemnización de seis trabajadores que en realidad estaban en calidad de monotributistas (entre ellos la esposa del propio Gonzalo a la que se le pagó $500 mil). Pero, además para realizar la extracción de este dinero y el trámite respectivo en la delegación del Ministerio de Trabajo local, el ex delegado Alberto Maurino se atribuyó la figura de secretario general. “En nuestro sindicato los delegados no tenemos facultad de realizar esos movimientos, solo lo puede hacer la secretaria general (actualmente, Sonia Alesso)”, apuntó Delgado. Por eso, hoy se le sumó a la imputación por administración fraudulenta, el delito de invocar calidad simulada.
En otro orden, también la imputación es por los gastos incluidos en los últimos días de mandato de la anterior comisión en materiales de construcción y en honorarios a arquitectos. Por ejemplo en el día de la elección, hay un pago de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija