Tras una maratónica audiencia que se extendió por casi cinco horas en los tribunales de Venado Tuerto, avanzó la causa que pesa sobre los ex integrantes de la conducción departamental del gremio docente Amsafe, Alberto Maurino y Leandro Gonzalo, quienes están en condiciones de ser sometidos a juicio por Administración fraudulenta.
El juez Adrián Godoy rechazó todos los planteos de la defensa, se hizo lugar a la requisitoria con los hechos imputados y la calificación propuesta por el fiscal Damián Cassullo, dando por válida la evidencia presentada. Además se aceptaron los testigos propuestos tanto por el fiscal como por la defensa.
Si bien ya están dadas las condiciones procesales para fijar el juicio oral y público, no se descarta que exista alguna salida alternativa, en caso que sea aceptada por las partes. “Así lo recomendó el juez y es una opción que se va a explorar”, adelantó Cassullo, quien de todos modos aclaró que esta opción debería dejar conformes a los denunciantes.
El abogado rosarino Raúl Superti representa a Maurino, mientras que Ana Regidor es la defensora de Gonzalo. En la audiencia celebrada entre la mañana y la tarde de hoy, hicieron tres planteos puntuales que fueron desestimados por el juez.
El primero fue la aplicación de un criterio de oportunidad, que ya se presentó en otras oportunidades y “fue rechazado porque es una potestad del MPA”. También se pidió la extinción de la acción penal por agotamiento del plazo razonable de la investigación, alegando que el caso se había prolongado demasiado en el tiempo (la denuncia data de 2016) y que los imputados están sufriendo las consecuencias de estar involucrados en un causa penal sin ser juzgados.
“En realidad pudimos demostrar que fue una investigación compleja y que nunca hubo baches de tiempo en el transcurso del proceso, que tuvo su continuidad en la obtención de evidencia y su análisis”, sostuvo el fiscal.
Alberto Maurino es el principal acusado.
La defensa propuso como tercer planteo una suspensión de juicio a prueba, es decir una salida alternativa, pero fue rechazado por Cassullo porque “no estaban los elementos para evaluar la conveniencia de la medida, dado que se propuso en la misma audiencia”. Así lo interpretó también el magistrado Godoy, aunque “es un camino que se va a explorar de acá en adelante”, como última opción antes del juicio.
La acusación
Estos movimientos se hicieron dos días antes del vencimiento del mandato, y de acuerdo con la denuncia, 2 millones de pesos fueron utilizados para abonar la indemnización de seis trabajadores que en realidad estaban en calidad de monotributistas.
Además, plantean que para realizar la extracción de este dinero y el trámite respectivo en la delegación del Ministerio de Trabajo local, el exdelegado Alberto Maurino se atribuyó la figura de secretario general, motivo por el cual también se lo imputó por invocar calidad simulada.