CiudadJudiciales y PolicialesLa Cámara dejó firme la revocación de las donaciones de Elisabeth Seret, firmadas “bajo presión y abandono”

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La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la 3ª Circunscripción, con sede en Venado Tuerto, confirmó la sentencia del Juzgado de Melincué que dejó sin efecto las donaciones que María Elisabeth Sidonie Seret (reconocida docente y propietaria rural de Venado Tuerto, que también tuvo su paso por la política acompañando a Elisa Carrió) realizó en 2014 a favor de Luis G. Huber. y María E. Huber. Los vocales Federico Bertram y Héctor Matías López votaron por confirmar; Juan Ignacio Prola lo hizo en disidencia.

El fallo de primera instancia

La sentencia de primera instancia fue dictada por el juez Alejandro Lanata el 4 de julio de 2025  y ordenó restituir los inmuebles al patrimonio de la donante, con costas a los demandados. En la misma el magistrado sostuvo que Seret fue engañada, presionada y manipulada cuando se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad física, cognitiva y afectiva.

Según el fallo, Seret, que tenía 77 años, estaba postrada tras un coma diabético y un accidente cerebrovascular cuando los nombrados la convencieron de firmar escrituras que transferían la propiedad de dos campos: “La Sidonie”, en las afueras de Venado Tuerto (19 hectáreas), y “La Mary”, en San Eduardo (152 hectáreas con tambo). Las pruebas (que incluyen testimonios de médicos, empleadas domésticas, exabogados y allegados) acreditaron que la mujer no comprendía lo que firmaba, fue aislada de su entorno, despojada de sus cuentas y abandonada a su suerte una vez realizada la operación.

El caso ya había tomado notoriedad cuando, en octubre de 2023, el juez penal Eduardo Bianchini declaró la “prescripción de la acción penal”, haciendo lugar a una excepción presentada por la defensa (a cargo de Arsenio Domínguez y del fallecido Carlos Martín) en la audiencia preliminar al juicio oral. Aunque no cuestionó los hechos denunciados ni las pruebas reunidas (que incluían imputaciones por estafa, falsedad ideológica, administración fraudulenta y circunvención de incapaces), el magistrado sostuvo que el proceso había violado el “plazo razonable” al estar paralizado durante años enteros.

La causa se inició en 2014 con la denuncia de la propia Elisabeth Seret, quien falleció en 2017. Su heredera testamentaria, Nanci Noemí Escribano, continuó el proceso con el patrocinio de la abogada Graciela Ditieri. Durante casi una década pasaron ocho fiscales, con prolongados períodos de inactividad (en 2016 y 2019 no hubo ninguna medida procesal) y sólo en 2023, luego que la tomará el fiscal Matías Merlo, fue elevada formalmente la acusación a juicio. Pese a la solidez probatoria, la impunidad se consolidó por la inercia judicial, lo que provocó un fuerte rechazo de la querella y del fiscal Damián Casullo (reemplazó a Merlo, que había sumido como Fiscal Regional).

El fallo de Cámara

Los tres vocales coincidieron en rechazar el recurso de nulidad. Consideraron que la falta de integración de la litis con la escribana y la supuesta acumulación indebida de pretensiones no causaron un perjuicio concreto a los demandados, y tampoco vieron violación del principio de congruencia. También acordaron que la heredera testamentaria, Nanci Noemí Escribano, está legitimada para seguir la acción y que el carácter irrevocable pactado en las donaciones no es un obstáculo, porque la ingratitud siempre es posterior al acto.

La diferencia apareció al analizar el fondo. Prola, que votó primero, sostuvo que la ingratitud debe juzgarse con criterio estricto y que en el expediente no se describió ni se probó un hecho concreto de los donatarios que pudiera calificarse como injuria grave. Remarcó que entre las donaciones y las cartas documento pasaron apenas 32 días. A su entender, los testimonios del médico, el enfermero y un ingeniero contratado por la propia Seret mostraban a una mujer activa, que manejaba su dinero y no estaba en estado de indigencia. Por eso proponía hacer lugar a la apelación y rechazar la demanda, con costas a la actora.

Bertram coincidió en rechazar la nulidad, pero propuso confirmar la sentencia en su totalidad. Para el vocal, la violencia moral y la intimidación psicológica integraron la litis desde la demanda y los demandados las contestaron punto por punto. Su voto se apoyó en la prueba de la causa penal, que consideró válida e incorporada con la conformidad de los propios demandados, que la ofrecieron como prueba e incluso diligenciaron el oficio para que el legajo llegara al expediente civil.

También valoró una pericia psiquiátrica y un informe del Consultorio Médico Forense, que concluyeron que no podía asegurarse que la voluntad de Seret fuera libre al firmar. A eso sumó testimonios de sede penal que describieron presiones, advertencias sobre supuestos juicios laborales que le harían perder sus bienes y un trato hostil hacia la donante. Consideró además que una de las donatarias fue incorporada como cotitular de cuentas bancarias de Seret en 2014 y que el informe del Colegio de Escribanos da cuenta de siete testamentos desde el año 2000, siempre revocables, lo que juzgó llamativo frente a una donación irrevocable. Por último, remarcó que los donatarios no mantuvieron vínculo con Seret tras las escrituras, pese a sus problemas de salud.

El vocal observó que el juicio laboral con el que se habría advertido a Seret sobre la pérdida de sus bienes no existía al momento de las donaciones: la demanda se presentó recién en febrero de 2015. Sobre la causa penal, recordó que los demandados fueron imputados por estafa y que el proceso terminó con sobreseimiento por prescripción. Para Bertram, eso no permite concluir que la conducta no existió, sino que fue una solución por el mero transcurso del tiempo. En una nota al pie comparó el entramado del expediente con la trama de “El triste ciprés”, de Agatha Christie. López adhirió a su voto, lo que conformó la mayoría.

Entre las pruebas que Bertram puso en primer plano figura la declaración de la abogadaSusana Codina, quien asistía a Seret en distintos asuntos desde hacía años y declaró ante el Ministerio Público de la Acusación el 5 de julio de 2018. Su relato, ya tenido en cuenta en primera instancia, ubica el inicio de los hechos en marzo de 2014.

Según el fallo, Codina fue convocada por Seret para concretar la venta de un departamento. Cuando fue a entregarle el dinero la encontró “convaleciente, pero en la casa“, con toda la familia de los donatarios reunida en la cocina junto a profesionales. Dijo que eso le llamó “poderosamente la atención”, porque esas personas nunca frecuentaban la casa, ya que Seret no los quería cerca, y nunca habían participado en sus decisiones personales ni económicas. De la mujer afirmó que “siempre fue totalmente independiente”.

Dos o tres días después, la abogada llamó para interesarse por su salud y la empleada le dijo que Seret quería hablar con ella. Al llegar vio que el perímetro tenía un tejido y que la puerta de ingreso estaba cerrada con dos cadenas y candados, sin que se permitiera entrar a nadie que no autorizara la familia. Se retiró sin poder verla y, al día siguiente, el estudio empezó a recibir telegramas de revocatoria de poderes firmados “supuestamente” por Seret. Cuando logró comunicarse, la mujer le dijo que no sabía lo que le había pasado y que “la tenían secuestrada, ese fue el término“, y que no la dejaban salir.

Siete meses más tarde, Seret la llamó personalmente y pidió una entrevista en el estudio, adonde fue acompañada por una empleada. Allí le contó que había firmado ante una escribana algo cuyo alcance no conocía y que estaba muy asustada porque ese día la habían encerrado más de medio día en la cocina de su casa y le habían dicho que, si no firmaba, la iban a abandonar. También le habría dicho que le advirtieron que debía hacerlo por los juicios laborales de los empleados, que se quedarían con el campo y la dejarían sin nada.

Codina declaró además que Seret le aseguró que hasta entonces no tenía un solo juicio en su contra y que los reclamos laborales surgieron cuando los empleados fueron despedidos. Agregó que le comentó que la habían despojado del manejo de sus cuentas corrientes mediante la firma de un poder y que estaba preocupada porque no tenía dinero para comprar comida. A partir de ahí, la denuncia penal y las acciones civiles quedaron en manos de los abogados Bernardo Assandri y Aurelio Cuello Murúa (hoy Juez Federal). Para Codina, Seret “fue engañada” para hacer las donaciones y los donatarios desaparecieron tras la denuncia.

El voto de Bertram sostiene que lo referido sobre los juicios laborales encuentra respaldo en las declaraciones de dos empleados. Uno de ellos relató que fue despedido entre el 22 y el 23 de marzo de 2014, pero el reclamo laboral se presentó recién en febrero de 2015, cuando las donaciones ya se habían firmado. Los demandados negaron en la contestación haber presionado a Seret, haber manejado sus cuentas o haberla dejado sin dinero para sus necesidades básicas.

La Cámara rechazó el recurso de nulidad y la apelación, y confirmó la sentencia. Las costas de ambas instancias quedaron a cargo de los demandados, y los honorarios se regularán en el 50% de lo fijado para la primera instancia. Las modificaciones de las inscripciones registrales deberán tramitarse en la ejecución de la sentencia.

 

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