CiudadLa Cámara de Apelaciones revocó el fallo en primera instancia que declaraba como ilegales los operativos de saturación policial

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Finalmente ayer por la tarde trascendió oficialmente la resolución del juez Juan Pablo Lavini Rosset integrante de la Cámara de Apelación en lo Penal  de la 3° Circunscripción Judicial, que revocó “parcialmente” la resolución en primera instancia tomada por el juez  de primera instancia, Benjamin Révori, que hacía lugar al habeas corpus que declaraba ilegales los procedimientos de saturación policial ordenados por el Ministerio de Seguridad provincial.

De este modo Lavini Rosset, en los considerando de su resolución decidió “dejar sin efecto” la decisión tomada en primera instancia y confirmó “el rechazo de la acción de habeas corpus. Aunque  exhortó “al Jefe de Policía a cargo de la Unidad Regional VIII para que se dé estricto cumplimiento al art. 10 de la ley N°7395/75, pudiendo restringir la libertad personal sólo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, debiendo registrarse tales elementos indiciarios en las actas respectivas”.

En tanto, el abogado, Ignacio Blanc Codina, quien impulso el habeas corpus preventivo y colectivo, anticipó a Venado 24 que interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad y manifestó su preocupación por la decisión tomada por Lavini Rosset, “me llama la atención la interpretación que realizó en los considerandos de la resolución, sobre todo porque le da un cheque en blanco a la policía para que vuelva con las detenciones que nosotros acreditamos que son ilegales”.

Primera resolución

Cabe recordar que el 23 de marzo último informábamos sobre la primera resolución tomada por el juez de primera instancia de Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto, Benjamin Revori,  que dio lugar a una acción de habeas corpus preventivo y colectivo y resolvió declarar como ilegal los operativos de saturación que realiza el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Así en el punto 1 de la resolución, Revori sostuvo que resolvía “hacer lugar a la acción de habeas corpus preventivo y colectivo interpuesto por la amenaza actual de la libertad ambulatorio de ciudadanos de Venado Tuerto, por defecto de procedimiento en el marco de los procedimientos policiales bajo la modalidad ‘saturación’, por erróneo aplicación de la denominada ‘detención por averiguación de antecedentes’, declarando ilegales los privaciones de libertad mencionadas en los considerandos, concretadas en el marco de dichos operativos, por incumplimiento de los parámetros legales pertinentes (arts. 18, 43 y 33 de la Constitución Nacional; Pactos Internacionales incorporados a la Carta Magna por el art. 75 inc. 22; arts. 7 y 9 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, art. 370 inc. I3, 212 y ccs. del CPP; arts. 10 bis, 9 inc. J) y ccs. Ley 7395/75)”.

A la vez  en el punto 2, exhorta al jefe de la Policía de la Unidad Regional VIII que “luego de la notificación de la presente resolución-, para que de inmediato y por su intermedio, instruya y ordene al personal bajo su dirección y particularmente al que realiza función prevencional en la vía pública, el  estricto cumplimiento a lo dispuestopor el art. 10 bis de Ia ley 7395/75, en el sentido de restringir la libertad personal de cualquier persona sólo cuando hubiere ‘..sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito’, y que tales elementos indiciarlos específicos, concretos y comprobables deberán ser registrados debidamente en los actas pertinentes, a los finés  de dar debida razón de los mismos en caso de eventual control; ello sin perjuicio de demás recaudos legales (art. 10 bis y 9 inc. j) de la ley 7395/75; arts. 212, 214, 217 del CPP)”.

En tanto en el punto 3 obligaba a dar intervención al Ministerio Público de la Acusación, “a los fines de la evaluación de existencia de hechos ilícitos que pudieren dar lugar a delitos de acción pública”.

La apelación

Enterado de la resolución de Révori, rápidamente el ministro de Seguridad de la provincia, Máximiliano Pullaro, señaló, “La política de seguridad de un gobierno democrático las toma el poder Ejecutivo, por lo tanto la decisión del juez nos parece inadmisible. Vamos a apelar y seguiremos con todas las acciones de prevención del delito”.

De esta manera los recursos de apelación fueron interpuestos por el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación Dr. Eduardo Lago,  Ezequiel Brocchi en representación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, y el Carlos Alberto Aimo apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Posteriormente el 9 de mayo se realizó en la Sala N° I de los Tribunales Penales de Venado Tuerto, la audiencia de  apelación  donde se constituyó el Tribunal Unipersonal integrado por Lavini Rosset. Y en la misma intervinieron el presentante, Ignacio  Blanc Codina; el representante del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Dr. Pablo Cococcioni; el representante de la Fiscalía de Estado, Dr. Carlos Almo y, en representación del Ministerio Público de la Acusación, el Sr. Fiscal Dr. Eduardo Lago.

Lago- sostuvo la apelación parcial formulada por escrito contra la resolución de  Revori, por considerar que la misma “causa un gravamen irreparable en la justa pretensión punitiva estatal”.

Y entre otras cosas, opinó que “si bien se valora la actitud ciudadana de señalar errores en la implementación de los operativos policiales, le resulta una desmesura del accionante considerar amenazada nada menos que la libertad ambulatoria de todos los ciudadanos de Venado Tuerto, en base a argumentos de tono más emocional e ideológicos que vinculados a la realidad”.

Por su parte, Ezequiel Brocchi, en representación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, interpuso recurso y consideró que la resolución resulta arbitraria, infundada y afecta la división constitucional de poderes del Estado.

Cococcioni, quien contaba con expresa autorización del Ministro de Seguridad para asumir la representación de dicho Ministerio. Ratificó los agravios interpuestos y agregó que hay dos motivos principales a tener en cuenta. En primer lugar, se adhirió a lo expuesto por el  Fiscal, en cuanto a la falta de citación del Ministerio de Seguridad, ya que se cuestionan las órdenes de operaciones -emanadas del Departamento de Operaciones de la Policía de Santa Fe- y se hace hincapié en una implementación defectuosa de las mismas. Y afirmó que el Ministerio es la autoridad que debe velar por las eventuales correcciones que deban hacerse a nivel provincial y no en el acolado ámbito territorial de la competencia de un distrito.

Carlos Alberto Aimo, apoderado del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, interpuso formales Recursos de nulidad y conjunta apelación contra la resolución N° 131 de fecha 22 de mano de 2019. Manifestó que la Fiscalía de Estado, así como el Ministerio de Seguridad, tomó conocimiento de forma casual a través de los medios periodísticos del referido habeas corpus preventivo y colectivo, y del que -atento la ausencia de citación o notificación en legal forma- se carecen de mayores precisiones. Planteó la cuestión constitucional, Poder Judicial atento que la resolución fue dictada sin la debida citación y/o notificación a la autoridad requerida, lesionando las garantías constitucionales al debido proceso y de defensa en juicio.

Por su parte, Ignacio Blanc Codina, presentante del habeas corpus colectivo y preventivo, solicitó la confirmación de la resolución de primera instancia por ajustarse a derecho, y en consecuencia peticionó que se rechacen los agravios introducidos por los representantes de las tres entidades presentes en la audiencia de Cámara. También hizo reserva de los recursos extraordinario y federal que correspondan. Consideró que independientemente de lo que marquen los tiempos políticos, que no deberían intervenir en cuestiones judiciales, hay una ley que manifiesta que lo operativo -que fue lo cuestionado por el presentante- es responsabilidad de la policía. Insistió que el planteo siempre se realizó sobre la parte operativa del actuar policial.

Lo cierto que, Lavini Rosset, posterior a un extenso fundamento (ver archivo adjunto a la nota)  en los considerandos de su resolución decidió “dejar sin efecto” la decisión tomada en primera instancia y confirmó “el rechazo de la acción de habeas corpus”.

La respuesta de Blanc Codina

De esta manera, el abogado que presentó el recurso hoy en diálogo con Venado 24, se mostró sorprendido por la decisión del juez de Cámara y  destacó: “Me llama la atención sobre todo la interpretación de Lavini Rosset sobre la ilegalidad de las detenciones. Está por demás de acreditado que el proceder de la policía es más que ilegal”.

Para luego explicar: “Además el magistrado entiende que al no existir detenciones ilegales el habeas corpus no es posible por lo cual no hay peligro para la libertad de los ciudadanos de Venado Tuerto”. En ese sentido subrayó: “Es un retroceso y es una luz verde para que la policía provincial siga realizando los operativos que son claramente ilegales”.

Finalmente, luego de agregar que presentará el recurso de anticonstitucionalidad ante la Corte, insistió: “Me preocupa la interpretación de Lavini ya que le da a la policía un cheque en blanco para que vuelva la ilegalidad”.

RESOLUCION HABEAS CORPUS

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