Este lunes a partir de las 10 comienza en Rosario el esperado juicio oral contra el ex jefe de fiscales Patricio Serjal (48) y el abogado venadense Nelson Rodolfo Ugolini (38), ambos acusados de integrar una asociación ilícita que protegía al empresario del juego clandestino “el rey del juego” Leonardo Peiti, ya condenado en la misma causa. El debate se desarrolla en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, ante los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, y está a cargo de los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato.
El derrotero de Ugolini
Nacido en Venado Tuerto, Ugolini inició su carrera judicial como pasante, pero ya en 2010 fue apartado de su cargo por supuestos vínculos con un desarmadero ilegal. Años después logró reinsertarse en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, donde se convirtió en secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad. Desde allí construyó una relación directa con Peiti: era quien le filtraba información reservada sobre allanamientos y causas en curso.
En este juicio se lo acusa de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple, con un pedido de cinco años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación.
Pero su situación judicial no se agota en esta causa: Ugolini se encuentra actualmente bajo prisión preventiva en un expediente paralelo que investiga una megabanda de estafas con automóviles en Rosario. Allí, según los fiscales Pablo Lanza y Fernando Dalmau, fue el arquitecto legal de la maniobra que defraudó al menos 150 millones de pesos mediante la compra-venta fraudulenta de vehículos a través de cooperativas de fachada. Además, está señalado por amedrentar a víctimas que intentaban recuperar lo perdido.
Ese doble frente —corrupción en la Justicia y estafas millonarias— consolidó su perfil de operador “todoterreno” en la frontera entre lo legal y lo criminal, capaz de moverse con fluidez en despachos judiciales y en circuitos delictivos.
Traferri, la pata política de la trama
El juicio actual no lo tiene en el banquillo, pero la investigación también alcanzó al senador justicialista por San Lorenzo, Armando “Pipi” Traferri. Según las declaraciones de Ponce Asahad, quien aceptó un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva como arrepentido, parte de las coimas pagadas por Peiti estaban destinadas a Traferri.
El legislador fue señalado como beneficiario político del dinero recaudado para garantizar protección institucional al negocio ilegal. Sin embargo, su situación procesal avanza más lentamente: recién en octubre de 2024, al renunciar a sus fueros, pudo formalizarse la acusación en su contra. Hoy no integra este juicio, pero sigue bajo investigación.
Una asociación ilícita con ramificaciones profundas
La acusación sostiene que Serjal, Traferri, Ponce Asahad y Ugolini conformaban una organización dedicada a permitir que Peiti operara sin obstáculos el negocio clandestino de apuestas. Según cálculos judiciales, el empresario pagaba entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales a cambio de impunidad y advertencias sobre posibles operativos.
El inicio del legajo en 2020 derivó en la destitución de Serjal y Ponce Asahad por parte de la Legislatura santafesina. Ambos fueron imputados por corrupción y enriquecimiento ilícito. Ponce ya fue condenado, mientras que Serjal y Ugolini enfrentan ahora el juicio que promete ventilar el costado más oscuro de las conexiones entre Justicia, política y crimen organizado en Santa Fe.