La tensión entre el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe y el gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro ha escalado con la confirmación de un nuevo paro de actividades. La medida, que tendrá lugar el jueves 31 de octubre, representa el segundo paro en tres décadas en el sector judicial santafesino (el anterior fue el último 8 de octubre). La decisión fue tomada en asamblea y se enmarca en una serie de reclamos salariales y laborales que los trabajadores del sector consideran urgentes e impostergables.
En Venado Tuerto, el delegado del Sindicato de Judiciales, Mauricio Tranier, confirmó a Venado24 que el paro tendrá una “amplia adhesión” en los tribunales locales. Agrega que, conforme a la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, las audiencias que no tengan carácter de urgencia y cuya notificación pueda realizarse en tiempo y forma serán reprogramadas para otra fecha.
La Presidencia de la Corte Suprema provincial ya anticipó la suspensión de términos procesales y audiencias en todas las sedes judiciales de la provincia debido a la medida de fuerza. Esto afectará el normal funcionamiento de los Tribunales y el trabajo de los profesionales del foro, aunque se permitirá la realización de actos procesales que cuenten con el consentimiento de las partes y sean considerados viables en el marco del paro.
Los puntos centrales de la protesta incluyen el reclamo por mejoras salariales, un cronograma definido de ascensos y promociones, y el rechazo a la reciente reforma jubilatoria sancionada por el gobierno de Pullaro, que modifica los requisitos de edad y aportes para acceder a la jubilación. una reforma resistida por el sector por considerar que afecta negativamente sus derechos adquiridos. A este panorama se suma el reciente conflicto por el pago de retroactivos a empleados judiciales, una disputa que acentuó el clima de confrontación entre el gremio y el gobierno. La situación generó un fuerte malestar entre los trabajadores y reavivó las críticas hacia la gestión de Pullaro.
El paro abarca a empleados administrativos, personal de servicio y maestranza, quienes acusan al gobierno de no dar respuestas a demandas que consideran justas y necesarias para el normal desarrollo de sus funciones en el ámbito judicial. Desde el sindicato advierten que, de no mediar un cambio en la postura del Ejecutivo, estas medidas podrían intensificarse, extendiendo así un conflicto que empieza a tener un fuerte impacto en el funcionamiento de la Justicia en la provincia.