El violento episodio ocurrido esta semana en los Tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde un juez fue hostigado y amenazado de muerte en su propio despacho por un grupo vinculado a una causa de narcomenudeo, encendió luces de alerta mucho más allá del conurbano bonaerense. En los pasillos judiciales de Santa Fe, la noticia se leyó con preocupación y una pregunta comenzó a circular con fuerza: ¿se trata de un hecho aislado o estamos frente a un nuevo escalón en la escalada de violencia social que ya empieza a rozar, sin eufemismos, al Poder Judicial?
El blanco del ataque fue el juez de Garantías Nicolás Schiavo, del Departamento Judicial San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, cerca de 20 personas armadas con cuchillos irrumpieron en el edificio judicial, coparon la mesa de entradas e intentaron llegar hasta el despacho del magistrado, que interviene en una causa sensible vinculada al narcomenudeo. Hubo amenazas de muerte, destrozos y escenas de pánico entre empleados judiciales. El dato no menor: el edificio no contaba con cámaras de seguridad y la custodia policial era claramente insuficiente.
Santa Fe mira de reojo
Lo ocurrido en San Martín no pasó desapercibido en la Justicia santafesina. Todo lo contrario. Fuentes judiciales consultadas por Venado24 admiten, en voz baja pero con crudeza, que un hecho similar “perfectamente podría repetirse” en tribunales de la provincia y particularmente en Venado Tuerto. La razón es tan simple como alarmante: la falta de medidas de seguridad adecuadas en edificios judiciales no es una exclusividad bonaerense.
La preocupación se potencia si se tiene en cuenta el contexto local. Tras la reciente aprobación de la Ley de Narcomenudeo, las causas vinculadas a la venta minorista de drogas se multiplicaron y hoy constituyen la mayoría del caudal que ingresa a la Justicia penal santafesina.
Tribunales vulnerables, una realidad conocida
En Venado Tuerto, la situación no difiere demasiado de la descripta en San Martín. Los Tribunales locales no cuentan con un sistema integral de videovigilancia y los controles en los accesos son, cuanto menos, laxos. “No hay demasiada protección en las puertas de ingreso”, reconocen desde el propio ámbito judicial.
De hecho, existe un antecedente concreto que todavía genera incomodidad al ser recordado. Durante el desarrollo de una de las causas judiciales más importantes de los últimos años, un personaje conocido en la ciudad y con antecedentes judiciales logró ingresar a una sala de audiencias por un sector reservado exclusivamente para magistrados, personal judicial y defensores. La sorpresa fue total. Ante la consulta de los jueces que llevaban adelante el debate, el intruso se limitó a responder que había entrado “para presenciar la audiencia”.
Lo verdaderamente llamativo -y preocupante- fue que nadie lo detuvo en su recorrido. No atravesó ninguna barrera de seguridad. Simplemente entró.
¿Hecho aislado o problema estructural?
El ataque en San Martín fue repudiado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, que habló sin rodeos de “vulnerabilidad” y de un problema estructural agravado por la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. Un diagnóstico que, puertas adentro, muchos funcionarios judiciales santafesinos comparten.
La inquietud está instalada. No hay paranoia, pero sí una sensación creciente de exposición. En un escenario donde el narcotráfico gana presencia en los tribunales, la falta de inversión en seguridad judicial deja de ser un detalle administrativo para convertirse en una amenaza concreta al normal funcionamiento del sistema y a la independencia de quienes lo integran.
La pregunta sigue abierta. Y, por ahora, no tiene una respuesta tranquilizadora.
Comunicado de la red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina
La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó su repudio y profunda preocupación por el atentado ocurrido en el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, donde un grupo de personas portando cuchillos irrumpió en sede judicial y amenazó de muerte al juez Nicolás Schiavo.
En un comunicado difundido este martes, la Red calificó el episodio como “de una violencia inédita y alarmante” y advirtió que no se trata de un hecho aislado de inseguridad, sino de “un ataque directo a la independencia del Poder Judicial”.
“La intimidación a un magistrado en el ejercicio de sus funciones busca socavar la capacidad del Estado para aplicar la ley y proteger a la ciudadanía”, señala el documento. Y agrega: “No se puede garantizar un servicio de justicia independiente si quienes deben decidir sobre la libertad y la seguridad de los ciudadanos están expuestos a represalias físicas en sus propios despachos”.
El pronunciamiento también pone el foco en la falta de medidas de seguridad adecuadas en los edificios judiciales de todo el país, a la que define como “una vulnerabilidad estructural” que pone en riesgo no solo la integridad física de jueces, juezas, trabajadores judiciales y justiciables, sino también la prestación de un servicio de justicia acorde a las expectativas de la ciudadanía y a las exigencias de la democracia constitucional.
En ese marco, la Red de Juezas y Jueces Penales exigió:
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Garantías de seguridad efectivas, mediante el diseño y ejecución de protocolos de protección real en todas las sedes judiciales del país.
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Protección de la independencia judicial, al subrayar que “no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos”, y que “un juez amenazado es una justicia condicionada”.
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Compromiso institucional, instando a las autoridades políticas a adoptar acciones concretas y a dotar a los tribunales de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para evitar que se conviertan en “zonas liberadas”.
Asimismo, la Red solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que intervenga en el marco de sus competencias y adopte de manera urgente las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos de esta gravedad.
Finalmente, expresó su adhesión al comunicado de la Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires y manifestó su “absoluta solidaridad” con el juez Nicolás Schiavo, integrante de la Red, y con todo el personal del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, reafirmando su convicción de que “solo una justicia sin condicionamientos externos puede ser el pilar de una sociedad democrática”.