En la mañana de hoy se desarrolló en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia preliminar del proceso penal que investiga al productor rural Carlos Alberto N. (65 años), acusado de haber causado el incendio que el 7 de septiembre de 2022 destruyó por completo la planta municipal de tratamiento de residuos y provocó daños en propiedades rurales aledañas.
La audiencia fue presidida por la jueza Paula Borrello. El fiscal Iván Raposo sostuvo la acusación por el delito de incendio en concurso ideal, una figura penal que prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión. La defensa del imputado estuvo a cargo de los abogados Gastón Boyeras y Arsenio Domínguez.
“Los hechos investigados comprenden el incendio que generó daños tanto a instalaciones municipales como a propiedades de productores rurales. Estuvieron presentes como querellantes la doctora Ana Regidor, en representación de una de las víctimas privadas, y el abogado Franco Tamburini por la Municipalidad de Venado Tuerto”, explicó Raposo en diálogo con Venado24.
Durante la audiencia se ofreció prueba documental y testimonial, sin oposición de la defensa. La Fiscalía solicitó una pena de cumplimiento efectivo y propuso que el juicio sea llevado adelante por un tribunal unipersonal. Ahora, la jueza deberá dictar el auto de apertura a juicio, y la Oficina de Gestión Judicial fijará fecha para el debate oral.
Antecedente clave: libertad bajo fianza
El avance de la causa se enmarca en una investigación que lleva casi tres años. El 16 de septiembre de 2022, a pocos días del incendio, se realizaron las audiencias imputativa y cautelar, en las que la misma jueza Borrello resolvió otorgarle al productor acusado la libertad bajo una fianza millonaria.
En aquel momento, la fiscal Mariana Vidal —quien actuó provisoriamente ante la ausencia de Raposo— imputó al productor por el delito de incendio agravado, descartando la figura más leve de estrago culposo que había sido evaluada en los inicios de la pesquisa. Según se explicó entonces, el fuego se habría originado por una quema iniciada por el imputado dos días antes del siniestro, que luego se descontroló.
La fianza fue fijada en 200 millones de pesos, respaldada por una propiedad como garantía. Además, el imputado debió fijar domicilio en Venado Tuerto, presentarse semanalmente ante la sede del Ministerio Público de la Acusación, abstenerse de contactar a víctimas o testigos, y se le prohibió iniciar cualquier tipo de quema o incendio.
Los daños materiales provocados por el incendio fueron calculados en al menos 150 millones de pesos para la planta municipal, a lo que se suman otros 50 millones en perjuicios a campos privados, en particular a la firma MSU S.A., querellante en el proceso.
Sin acuerdo alternativo
En la audiencia celebrada este miércoles no se planteó ninguna salida alternativa como probation ni acuerdo abreviado. “El imputado no aceptó ninguna vía distinta, por lo que el caso irá a juicio oral”, confirmó el fiscal Raposo.
Así, será un tribunal el que deberá determinar la responsabilidad penal de Carlos Alberto N. por un hecho que generó conmoción pública y un fuerte impacto económico para la ciudad y la región.