Los propietarios de los bares que incumplieron los horarios de cierre impuestos por la Provincia y fueron notificados por la Policía, comenzaron a comparecer ante la Justicia. Convocados por los fiscales Mariana Vidal y Horacio Puyrredón, se les realizaron las audiencias imputativas donde se les notifica la violación al artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Como abogado defensor de varios de los gastronómicos interviene el concejal Juan Ignacio Pellegrini, quien aclaró que no percibe honorarios por esta tarea y que se ofreció a intervenir porque considera injusta la situación que les toca atravesar a los dueños de bares y restaurantes que abrieron un par de horas más de lo autorizado por el decreto provincial, con la venia del gobierno lcoal.
“Entre 10 y 12 bares fueron notificados de esta audiencia imputativa, donde se les imputa la infracción por desobedecer decretos nacionales y provinciales que imponían una restricción horaria para evitar la propagación del virus Covid. Se les informó la infracción cometida y se les da la posibilidad de declarar”, precisó el profesional.
En este caso la recomendación fue que no prestaran declaración porque desde la defensa “vamos a presentar un escrito solicitando el criterio de oportunidad, que se determina para aquellas personas que son imputadas por primera vez por la comisión de un delito”.
Entre los argumentos que esgrimen, Pellegrini sostiene que los bares abrieron “por una necesidad económica y social, dado que necesitan pagar salarios, servicios y alquileres. No fue una rebelión ante la Provincia ni ante la policía, sino que abren por la necesidad de trabajar, ejerciendo el legítimo derecho constitucional de trabajo”.
También planteó que se discutirá si corresponde la posible aplicación de una multa económica, al tiempo que remarcó: “No hay registro objetivo de que en los bares se haya propagada el virus o haya provocado mayores contagios por estar abiertos 120 minutos más. La ley habla de propagación de epidemia, y hay que tener elementos objetivos para poder afirmar que eso ocurrió, y acá no existen”.
Así, el concejal radical entiende que el planteo es “irracional” y el derecho “se rige dentro de parámetros de racionalidad”. Para reforzar la idea, expuso: “Por un lado le estás diciendo a la gente que no se reúna en viviendas particulares y que vaya a los bares que son lugares seguros, pero de repente dejan de serlo por 120 minutos más. El argumento para determinar eso es débil. Cuando no hay razonabilidad, hay criterios arbitrarios, y esta medida fue arbitraria”.
Entre los elementos presentados, Pellegrini confirmó que el Municipio firmó un decreto previo al Día del Amigo donde autorizaba a los gastronómicos a abrir hasta las 23.
En términos jurídicos, las imputaciones son individuales a los propietarios de los bares y restaurantes, no existe una imputación masiva y por ende no es posible una defensa colectiva. “La semana que viene van a completarse las audiencias y ahí presentaremos los escritos. Nos vamos a reunir con los representantes de los bares y luego con el Ministerio Público Fiscal para arribar a un acuerdo a partir del criterio de oportunidad”.