La Cámara Federal dictaminó “falta de mérito” para el intendente José Luis Freyre en la causa que tramita por malversación de fondos nacionales entre 2013 y 2015 en la ejecución de un programa para la construcción de plantas de tratamiento de residuos.
En febrero pasado, el juez Claudio Bonadío había procesado a 92 intendentes de todo el país, argumentando que cada uno “con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de 604 millones de pesos, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales“.
Tras la apelación, la Sala I de la Cámara Federal revisó la situación de cada uno de los mandatarios, confirmando el procesamiento para 44 de ellos como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que para otros 42 se dictó la falta de mérito. Entre estos últimos está el intendente de Venado Tuerto.
Esta misma tarde José Freyre fue notificado telefónicamente de la resolución del juez y estaban esperando tener acceso al fallo para un mejor análisis. El director de Formulación de Proyectos, Germán Mastri, remarcó que “no había ningún argumento para este procesamiento, la Municipalidad invirtió 30 millones de pesos en la planta de tratamiento de residuos y la denuncia era por un monto que correspondía al 20 por ciento de lo que se invirtió. Era una locura”.
El funcionario reconoció que en un primer momento quedaron procesados los intendentes de todas las ciudades que estuvieron en ese programa, pero “después tardaron ocho meses en revisar caso por caso. La realidad es que al momento de presentar toda la documentación cuando apelamos, desde el mismo juzgado se nos informó que estaba todo en regla, pero hasta que no sale el fallo no se puede tener seguridad. Ahora esperamos que en los próximos días José sea sobreseído”, concluyó Mastri.
La causa
El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales“, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.
Ahora la Cámara ratificó el procesamiento de 44 intendentes (entre los que se encuentra el exmandatario de Rufino, Gustavo Dehesa) más otros tres que no apelaron a tiempo. En tanto, se revocó el procesamiento de otros 42 a quienes se dictó la falta de mérito por entender que no estaban acreditados los delitos. Se determinó que hubo “incumplimientos obligacionales, pero que ameritan una investigación más profunda para poder definir el significado jurídico de dichas infracciones“. También dispuso el sobreseimiento de dos intendentes que habían sido procesados (Marcelo Skansi y Pedro Maidana).
Fuente: Infobae.com