El empresario de Venado Tuerto R.A.B., quien había sido detenido el martes pasado en el marco de una serie de nueve allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, fue formalmente imputado este jueves por el delito de estafa en calidad de autor. La causa investiga una presunta maniobra millonaria vinculada con operaciones de compraventa de ganado que, según la denuncia, habrían dejado a dos personas damnificadas. De todos modos, recuperó la libertad bajo estrictas normas de conducta.
La audiencia imputativa y cautelar se llevó a cabo en la Sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venado Tuerto y fue encabezada por el juez Leandro Martín. La acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca, quien fue acompañada por el fiscal Iván Raposo. En representación del imputado, actuaron los abogados Gustavo Franceschetti y Diego Haro Martínez. También participó como querellante el abogado Rodrigo Boyeras, en representación de Cristian O. Donati, una de las personas que se presentaron como víctimas en la causa.
Durante el acto procesal, la Fiscalía atribuyó formalmente a R.A.B. el delito de estafa, contemplado en los artículos 45 y 172 del Código Penal. El artículo 45 refiere a la autoría en los delitos, mientras que el 172 describe la figura de la estafa, que implica defraudar a otro mediante engaño o error con el fin de obtener un beneficio económico injusto. El imputado, asistido por su defensa, decidió abstenerse de prestar declaración, tal como lo permite la ley.
Un aspecto destacado de la audiencia fue que todas las partes intervinientes (Fiscalía, defensa y querella) coincidieron en solicitar la inmediata libertad del empresario. Sin embargo, esa libertad no fue incondicional: se estableció que R.A.B. deberá cumplir con una serie de reglas de conducta mientras dure el proceso. La defensa, no obstante, dejó constancia de su cuestionamiento a la atribución imputativa formulada por la Fiscalía, aunque sin que ello alterara la decisión de la jueza o tribunal interviniente.
Un embargo millonario como condición para salir
Entre las medidas cautelares impuestas para que el empresario recuperara la libertad, la más significativa en términos económicos fue la constitución de una caución real mediante un embargo por 300 millones de pesos. Este tipo de embargo funciona como una garantía para asegurar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.
Para cumplir con ese requisito, la defensa ofreció como garantía un inmueble rural correspondiente a una fracción de 10 hectáreas de la estancia “Las Rositas”, ubicada sobre la Ruta Nacional 8, en cercanías de Venado Tuerto. Según el acta labrada en la audiencia, la valuación de esa propiedad asciende a 1,88 millones de dólares, y el inmueble figura inscripto a nombre de la firma Baer SRL, una sociedad vinculada al empresario.
Así, el juez Leandro Martín dispuso que la libertad de R.A.B. se hará efectiva una vez que sea presentada la documentación necesaria para la inscripción formal del embargo ofrecido. Es decir, no se trata de una liberación automática, sino que está condicionada a la acreditación de esa garantía real ante el registro correspondiente.
Las otras reglas de conducta impuestas
Además del embargo millonario, el empresario deberá cumplir con un conjunto de reglas de conducta que buscan asegurar su sujeción al proceso y evitar riesgos procesales, como la fuga o la obstrucción de la investigación.
En primer lugar, deberá firmar una vez por semana ante la Oficina de Gestión Judicial de Venado Tuerto, hasta que el embargo quede efectivamente inscripto. Una vez cumplido ese trámite, la obligación de presentación se reducirá a una frecuencia mensual.
También se dispuso la prohibición de salir del país, por lo que R.A.B. debió entregar su pasaporte a la Justicia. Asimismo, tiene la obligación de mantener su domicilio constituido en Venado Tuerto y de someterse al proceso cada vez que sea citado por la Fiscalía o por el tribunal.
Otra de las medidas establecidas es la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio (telefónico, digital o personal) con Cristian O. Donati y Oscar Guido Donati. Esta restricción tiene una excepción: podrá haber contacto si ambos son convocados a una instancia judicial formal o a una mediación.
De esta manera, R.A.B. quedó formalmente imputado, pero continuará el proceso en libertad, siempre que cumpla con las condiciones impuestas durante la audiencia. Su situación procesal podría modificarse en el futuro si se detectan incumplimientos o si la investigación aporta nuevos elementos que cambien el cuadro de sospechas.
Los orígenes de la investigación: una denuncia de octubre
La causa tuvo su punto de partida en una denuncia presentada en octubre del año pasado por dos personas que manifestaron haber sido defraudadas en una operación de compraventa de ganado. Según el relato de los denunciantes, esa operación se habría concretado en marzo de 2025, aunque recién varios meses después decidieron acudir a la Justicia.
En diálogo con Radio Jota, la fiscal Barucca había explicado que la investigación no se limitó a la denuncia en sí, sino que incluyó un análisis exhaustivo de distintos elementos: movimientos bancarios de las cuentas involucradas, información proporcionada por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y por Arca (la agencia de recaudación y control aduanero), además de los testimonios de las presuntas víctimas y de otras personas que habían participado en las operaciones comerciales con el empresario.
Esa etapa de recolección de pruebas derivó en la decisión del martes pasado, cuando se realizaron nueve allanamientos en diferentes puntos de Venado Tuerto, que culminaron con la detención de R.A.B. Durante esos procedimientos, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, aunque el contenido exacto de lo incautado no fue detallado en la audiencia, ya que deberá ser analizado en profundidad por la Fiscalía en los próximos días.
Los números que maneja la investigación
Entre los datos que ya habían trascendido públicamente antes de la audiencia, hay dos operaciones de compraventa de ganado que son centrales en la hipótesis fiscal. La primera involucra 360 cabezas de ganado, valuadas en más de 271 millones de pesos. La segunda operación, por otras 200 cabezas, también está siendo analizada como parte del mismo entramado.
Pero el dato que llamó la atención de los investigadores, según fuentes del caso, fue la detección de una gran cantidad de cheques rechazados. En particular, se contabilizaron 172 cheques correspondientes a una de las cuentas analizadas, por un monto total superior a los 982 millones de pesos. Este volumen de cheques sin fondos sería uno de los indicadores que la Fiscalía considera relevantes para sostener la imputación por estafa, ya que podría evidenciar un patrón de pagos sin respaldo económico.