Este jueves se conoció la resolución del juez de Familia, Claudio Heredia, en relación a uno de los niños que se encontraban dentro del programa Familias Solidarias y fue institucionalizado en una medida fuertemente cuestionada. De hecho, el magistrado expuso una mirada crítica sobre el desempeño del Estado provincial en esta situación, y si bien determinó que el niño no regresará a su hogar transitorio porque se inició el proceso de adopción, sí le asignó un rol preponderante a la familia solidaria mientras el niño atraviese esa transición.
Heredia sostuvo que quienes estuvieron a cargo del cuidado de los niños no pueden ser considerados simplemente como una familia de tránsito cuya participación termina cuando cambia la situación jurídica. En este caso, entendió que su conocimiento de la vida cotidiana de los chicos y el vínculo construido convierten a estas familias en “agentes de cambio y facilitadores en la realización de los derechos del niño”.
Por eso, el juez reconoció a la familia solidaria como parte del proceso y dispuso un régimen de contacto “provisional y protegido” con el niño, que deberá mantenerse durante todo el período de vinculación con la familia que finalmente sea seleccionada para la adopción. “La participación de la familia cuidadora va a ser preponderante en este tiempo”, destacó.
La medida contempla encuentros tanto en la institución donde se encuentra actualmente alojado (en una localidad del sur santafesino), como en Venado Tuerto.
Medida injustificada
El juez declaró “ilegal” la decisión adoptada por el organismo provincial el pasado 20 de agosto, cuando éste y otros dos chicos fueron retirados del entorno de las familias que los acogían en tránsito: “Surge diáfanamente que la medida fue adoptada en forma intempestiva e injustificada”, sentenció
No obstante, Heredia no ordenó que el niño regrese inmediatamente al hogar solidario, para evitar “una nueva modificación de residencia que pudiera resultar perjudicial”, teniendo en cuenta que en los próximos días se realizarán las audiencias con las familias postulantes para la adopción.
Pero sí fue explícito al establecer que el vínculo con la familia solidaria deberá ser preservado y acompañado, con un régimen de contacto que deberá comenzar “de inmediato” y mantenerse durante todo el proceso de vinculación con la familia seleccionada para la adopción definitiva.
El magistrado cuestionó además la decisión de institucionalizar al niño (en el mismo hogar vive un hermano unos años mayor) dado que se encontraba viviendo con la familia solidaria cuando fue declarada su adoptabilidad. La propia Dirección Provincial había dispuesto inicialmente que continuara dentro del programa de acogimiento familiar.
Claudio Heredia, juez de Familia de Venado Tuerto.
Sin embargo, la decisión de cambiar su lugar de residencia fue tomada de manera repentina. Los equipos técnicos que trabajaban con el niño y con la familia solidaria señalaron ante el tribunal que el retiro no había sido evaluado previamente.
Incluso, ambos equipos entendían que la permanencia en ese hogar resultaba razonable, especialmente porque el proceso de adoptabilidad estaba avanzado y la familia había expresado por escrito su voluntad de acompañar la futura vinculación.
La medida terminó concretándose sin que se conociera de antemano que el traslado se realizaría ese día. Para Heredia, esa situación no tuvo una justificación suficiente: “Es ahora el mismo Estado el que ha optado por provocar un giro copernicano en su propia vida”.
“No son carpetas”
El juez fue particularmente duro al analizar la actuación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En su resolución sostuvo que las facultades que tienen los organismos estatales para adoptar medidas de protección no significan que puedan tomar decisiones sin fundamentos suficientes, sin escuchar al niño y sin respetar los mecanismos de control judicial.
En ese contexto, dejó una frase contundente en su resolución: “Los niños no son carpetas administrativas ni judiciales: son sujetos de derechos”.
Para Heredia, los tiempos administrativos no pueden imponerse por encima de las necesidades de los niños. “El trabajo debe continuar hasta alcanzar un bienestar integral y no convertirse en una carrera contrarreloj”, sostuvo. También cuestionó que el tribunal haya sido informado después de que la medida ya había comenzado a ejecutarse.