Cuatro años después del incendio que arrasó campos y terminó destruyendo buena parte de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Venado Tuerto, la investigación llegará finalmente a juicio oral.
Este jueves 17 de septiembre comenzará el debate contra Carlos Alberto N., acusado de haber iniciado el fuego que comenzó el 5 de septiembre de 2022 en un establecimiento rural y que, favorecido por las condiciones climáticas, se propagó durante varios kilómetros hasta alcanzar la planta municipal de tratamiento de residuos dos días después, produciendo grandes perdidas materiales.
Cabe recordar que la historia judicial del caso comenzó prácticamente en paralelo con el incendio. Apenas culminaron los trabajos que permitieron controlar las llamas en la planta, el intendente Leonel Chiarella se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y plasmó la denuncia penal para que se investigaran las causas del siniestro y la eventual existencia de responsables.
La investigación quedó inicialmente a cargo del entonces fiscal Horacio Puyrredón (hoy integrante de Cámara de Ejecución Penal con sede en Rosario), quien ordenó las primeras medidas y solicitó relevamientos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Científica. También se convocó a Bomberos Zapadores de Rosario para realizar una pericia general sobre el incendio y comenzaron a tomarse declaraciones a trabajadores municipales y personas vinculadas al campo lindero donde se habría iniciado el fuego.
La primera hipótesis contemplaba incluso la posibilidad de que se tratara solo de un incendio accidental. Sin embargo, el avance de la investigación modificó sustancialmente ese escenario.
Una imputación que cambió la mirada sobre el caso
El 16 de septiembre de 2022, apenas diez días después del inicio del incendio, se realizaron las audiencias imputativa y cautelar contra el productor rural.
La entonces fiscal Mariana Vidal, que había quedado provisoriamente a cargo del expediente por la enfermedad de Puyrredón, informó que Carlos Alberto N., había sido imputado por el delito de incendio en concurso ideal.
La calificación era sustancialmente más grave que la hipótesis inicial de estrago culposo, ya que contemplaba penas de entre tres y diez años de prisión, con posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo.
Durante aquella audiencia, la Fiscalía sostuvo que las investigaciones realizadas hasta ese momento habían permitido establecer que el fuego llevaba encendido dos días antes de llegar a la planta de residuos.
Por su parte, en la oportunidad, el imputado se negó a declarar.
De este modo, la jueza Paula Borrello resolvió no dictar prisión preventiva y otorgarle la libertad bajo una serie de estrictas condiciones. Entre ellas, se estableció una fianza garantizada con una propiedad por un valor cercano a los $200 millones, domicilio en Venado Tuerto, presentación semanal ante el MPA, prohibición de contacto con testigos y víctimas y la prohibición de iniciar cualquier tipo de incendio.
El monto de la fianza fue establecido tomando como referencia el perjuicio que, de manera provisoria, se había calculado en ese momento: unos $150 millones por los daños en la planta de residuos y otros $50 millones correspondientes al perjuicio ocasionado en un campo lindero perteneciente a la firma MSU S.A.
En aquellas audiencias también estuvo presente la Municipalidad de Venado Tuerto como querellante, representada por el entonces secretario Legal y Técnico, Mariano De Mattía. También participaron representantes de MSU S.A.
De las primeras pericias a la acusación
La investigación continuó posteriormente bajo la dirección del fiscal Iván Raposo, actual coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto.
Raposo condujo personalmente distintas medidas probatorias y terminó construyendo la acusación que será sostenida durante el juicio. También tuvo una activa participación la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo investigador.
Para la Fiscalía, la evidencia reunida permitió reconstruir el origen y la propagación del fuego y sostener que no se trató de un accidente inevitable, sino de una quema iniciada de manera consciente en un contexto de elevado riesgo de propagación.
Según la acusación, durante la tarde del 5 de septiembre de 2022, en el establecimiento rural La Josefina, Carlos Alberto N. habría iniciado una quema de pastizales con la finalidad de recuperar una porción del terreno.
La Fiscalía sostiene que conocía las condiciones existentes y el riesgo concreto de propagación. La vegetación seca y los fuertes vientos provenientes del norte favorecieron el avance de las llamas, que terminaron superando los límites del campo.
El fuego recorrió aproximadamente cinco kilómetros y afectó diferentes establecimientos rurales. Dos días después, el 7 de septiembre, las llamas alcanzaron la Planta de Tratamiento de Residuos de Venado Tuerto.
El incendio destruyó el galpón principal, maquinaria destinada a la clasificación y tratamiento de residuos, materiales acopiados, dos acoplados y otros bienes. Los trabajadores municipales que se encontraban en el lugar tuvieron que retirarse y ponerse a resguardo.
También se registraron daños en campos vecinos, con afectación de hectáreas productivas, alambrados, postes, tranqueras, árboles e instalaciones rurales.
El juicio buscará reconstruir qué ocurrió
Durante el debate declararán trabajadores rurales, empleados municipales, bomberos, peritos y propietarios de los establecimientos afectados.
Además, se presentarán informes meteorológicos, imágenes satelitales, fotografías y diferentes pericias destinadas a reconstruir tanto el punto de inicio como el recorrido seguido por el fuego.
La acusación atribuye al imputado la autoría de los delitos de incendio e incendio en concurso ideal con daño.
Al finalizar el juicio, el fiscal Iván Raposo adelantó que solicitará una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
“Como responsable de esta investigación, dirigí personalmente las distintas medidas que permitieron reconstruir el origen y la propagación del incendio, con una activa participación de la fiscal adjunta Larisa Barucca y de todo nuestro equipo”, sostuvo Raposo.
Y agregó: “En el juicio demostraremos que no se trató de un accidente inevitable, sino de una decisión consciente de iniciar fuego en un ámbito rural cubierto de material combustible, con conocimiento del riesgo concreto de propagación y de las graves consecuencias que podía provocar”.