El fiscal federal de Venado Tuerto, Javier M. Arzubi Calvo requirió la elevación a juicio de una causa que incluye a 19 personas acusadas de tráfico y tenencia de estupefacientes y la tenencia de armas de fuego en algunos casos.
La investigación incluyó una veintena de allanamientos, incluida la Unidad Penitenciaria Nº6 de Rosario y dependencias policiales de Venado Tuerto: los procedimientos -practicados por la BOA VIII de la Policía de la provincia de Santa Fe- permitieron el secuestro de una cantidad total aproximada de 1,2 kilogramos de cocaína y otros 1,2 kilogramos de marihuana, además de diez armas de fuego, municiones, nueve vehículos, teléfonos celulares, balanzas, dinero en efectivo y otros elementos de acondicionamiento y corte de sustancias estupefacientes.
En el transcurso de la investigación se determinó la existencia de tres organizaciones, que conforme las intervenciones telefónicas, habían dividido la ciudad en distintos territorios, donde cada una de ellas comercializaban estupefacientes. Ese acuerdo no estaba siendo respetado al menos por una de ellas.
El primer grupo estaría compuesto por seis personas, quienes deberán responder por la tenencia del material secuestrado en cuatro domicilios de Venado Tuerto. Allí se produjo el secuestro de marihuana, una pistola Bersa S.A.con su respectivo cargador y seis municiones intactas, un Volkswagen Up, dinero, una notebook, un celular y un cuadernillo con anotaciones, entre otros objetos de interés para la pesquisa.
Un segundo grupo está conformado por otros tres imputados. En su caso, se requirió el juzgamiento por la droga hallada en dos inmuebles de Venado Tuerto. Finalmente, el tercero sería integrado por diez personas más, una en calidad de organizadora y financiadora, la que se encontraba detenida con anterioridad por causas en trámite ante la justicia provincial. En su caso, los estupefacientes fueron encontrados en nueve viviendas.
El inicio de la causa
La causa comenzó con la denuncia de una persona bajo reserva de identidad, de conformidad a lo dispuesto por la ley 23.737, habiéndose otorgado luego participación al Programa de Protección de Testigos. Allí se aportaron datos en relación con dos hombres como autores de conductas vinculadas con la comercialización de drogas. Paralelamente, la persona denunciante mencionó a un grupo de jóvenes y a esta denuncia se sumaron más de 10 depositadas por distintos vecinos en el “Buzón de la Vida” del edificio municipal de la ciudad.
En el marco de las tareas encubiertas efectuadas por la UESPROJUD “Rosario” y la Seccional Venado Tuerto de la Gendarmería Nacional Argentina durante un período de casi dos meses -entre julio y agosto de 2018- se logró determinar solo los domicilios de los denunciados. Tras ello el fiscal Arzubi Calvo dispuso el cese de la intervención de Gendarmería y designó a la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII de la P.D.I. de Santa Fe, con quienes se desarrolló la pesquisa.
Fuente: Fiscales.gob.ar