En la sesión celebrada este mediodía, el Concejo Municipal de Venado Tuerto expresó en forma unánime su “enfático rechazo” al decreto 879/2024 dictado por el presidente Javier Milei para vetar la ley de Financiamiento de Universidades Públicas, entendiendo que “atenta contra el sistema educativo nacional y afecta directamente el derecho a la educación de la sociedad argentina”.
Esta declaración fue ingresada sobre tablas en el orden del día a instancia de un pedido de la concejala Florencia Giacometti (Ciudad Futura), dado que el veto se conoció durante la mañana de hoy, luego de que se cerraran los temas a tratar. La incorporación fue aceptada por el resto de los concejales y se aprobó sin demasiada discusión, a diferencia de otros temas de índole nacional o provincial que en sesiones anteriores no habían logrado el respaldo del oficialismo. Esta vez, con prácticamente todos los sectores políticos que tienen representación en el Concejo habiendo participado de la marcha realizada el miércoles, la aprobación del proyecto fue unánime.
Además se planteó que esta resolución sancionada por el Concejo local sea remitida al presidente Milei y al Congreso Nacional, para que “procedan a rechazar el veto dictado e insistan en la sanción del proyecto de ley” para el financiamiento de las universidades públicas, que fuera sancionado el pasado 12 de septiembre.
En la redacción de la resolución, se destaca que esta ley “vino a establecer un régimen normativo específico en miras de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente de las universidades nacionales” en todo el territorio argentino.
También resalta que desde la asunción de Javier Milei “comenzó un plan de desmantelamiento y reducción del Estado, atravesado fuertemente por una lógica de rechazo de todo lo que sea público y estatal, exponiendo una catarata de argumentos totalmente falaces de los cuales deducen que todo lo público y estatal es sinónimo de ineficaz”.
Y cuestiona que el gobierno nacional, a pesar de tratarse de una ley aprobada con un alto grado de acuerdo político, “nuevamente decide utilizar el veto para dar de baja un proyecto que resulta esencial para garantizar uno de los pilares básicos de la República Argentina: la universidad pública y gratuita”.