En la audiencia realizada hoy en los tribunales de Venado Tuerto, el juez Leandro Martín resolvió dictar la prisión preventiva ordinaria para Ana María del Valle Díaz y Rodrigo Ríos (madre y hermano, respectivamente, de Maximiliano Ezequiel Ríos, alias “Wacho Maxi”), en el marco de la investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 que impulsa el fiscal Iván Raposo.
La medida fue adoptada tras la exposición del peritaje realizado sobre el teléfono celular secuestrado en un allanamiento efectuado en un domicilio de calle Almafuerte al 3100, en Venado Tuerto, donde residirían los imputados. Según explicó la Fiscalía, del análisis de ese dispositivo surgieron conversaciones, audios y contactos que -a criterio del Ministerio Público de la Acusación, representado por Raposo- evidencian la existencia de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Uno de los elementos centrales es el chat identificado como N° 37 bajo el nombre “L-gante”. De acuerdo a lo expuesto en audiencia, en ese intercambio se menciona que un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) podría estar presuntamente vinculado a una organización ilícita. En ese contexto, el usuario identificado como “L-gante” habría manifestado expresiones que aludirían a la intención de “mandarlo a matar”, en referencia al jefe de la PDI, y también se haría mención al envío de cartas dirigidas al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.
En las conversaciones, siempre según la hipótesis fiscal, se alude a “tu hermano” en diálogo con Rodrigo Ríos, lo que la acusación interpreta como una referencia a Maximiliano Ezequiel Ríos, alias “Wacho Maxi”, de 28 años, oriundo de Venado Tuerto, actualmente detenidoen la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero y es considerado un interno de alto perfil. Para la Fiscalía, Rodrigo Ríos ejecutaba maniobras ilícitas bajo directivas de su hermano desde el lugar de detención.
Dólares, audios y presunta operatoria
El fiscal también incorporó un audio, en el que se menciona que el precio de “un entero” sería de 4.200 dólares, cifra que la acusación vincula con la adquisición de material estupefaciente. Según se explicó, las conversaciones reflejarían la compra de dólares para concretar esos pagos.
Además, se señaló que existirían maniobras para ingresar relojes inteligentes al penal de Piñero con el objetivo de mantener comunicaciones desde el interior del establecimiento carcelario.
En la imputación también se hizo referencia a chats con usuarios identificados como “THOMI FUMA”, “DADY YANKI” y “EL NENE”, en los que se utilizarían numerales para referirse a montos en dólares. Asimismo, en otro de los chats aparece una persona, quien menciona representar a una agencia de cambios, que -según la hipótesis fiscal- podría estar vinculada a intercambios de divisas utilizados para el pago de droga.
El rol atribuido a la madre
Respecto de Ana María del Valle, la Fiscalía sostuvo que las comunicaciones permiten inferir una vinculación directa con las actividades atribuidas a sus hijos. Según lo expuesto, Rodrigo Ríos le indicaría que debían adquirir dólares destinados al pago de estupefacientes.
También se le atribuye una presunta intervención en otra actividad ilícita, relacionada con el juego clandestino, al mencionarse su rol como “cajera” de un casino denominado “Zeus”, enviando usuario, contraseña y un enlace para operar en esa plataforma.
La resolución
La defensa, ejercida por Ignacio Blanc Codina, cuestionó la interpretación de la prueba digital y negó que se encuentre acreditada la responsabilidad penal de sus asistidos.
Sin embargo, el juez Martín entendió que el peritaje del celular secuestrado constituye, en esta etapa inicial, un elemento con suficiente grado de probabilidad sobre la existencia del hecho y la posible participación de los imputados, y consideró acreditados los riesgos procesales. En consecuencia, dispuso la prisión preventiva ordinaria de ambos mientras avanza la investigación.
Foto de portada: Maximiliano Ezequiel Ríos