CiudadProvinciaDos venadenses aparecen como presuntas víctimas de espionaje ilegal del Ministerio de Seguridad

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La Justicia provincial investiga si más de una decena de políticos y exfuncionarios santafesinos de distintos partidos y administraciones fueron víctimas de maniobras de espionaje ilegal en el marco del perfilamiento sistemático de personas físicas y jurídicas durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Según consigna Rosario3, los fiscales Ezequiel Hernández y María Jiménez que están a cargo de la investigación reunieron material sobre consultas masivas de información patrimonial, de viajes, sociedades y más datos sobre distintos personajes del ámbito político de Santa Fe, de diferentes fuerzas políticas.

Siempre de acuerdo con los datos de la nota firmada por el periodista Hernán Funes, entre los nombres “espiados” hay dos venadenses: el actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y el dirigente radical Daniel Di Lena. El primero de ellos se desempeñaba dentro de la estructura liderada por Sain, pero no respondía a su equipo de extrema confianza, que es justamente el que está investigado por intervenir en estas acciones de supuesto espionaje. En tanto, Di Lena es secretario y mano derecha de Maximiliano Pullaro, antecesor de Sain en el Ministerio de Seguridad.

Jorge Lagna era investigado mientras trabajaba junto a Sain.

Entre los elementos investigados hay miles de consultas a bases de datos realizadas en sistemas disponibles para el Estado y con claves asignadas a funcionarios para obtener información. En algunos casos podría tratarse inclusive de tareas más complejas detrás.

Estas acciones se realizaron desde el Ministerio de Seguridad, en algunos casos a través del OJO, y desde el Organismo de Investigaciones bajo órdenes de Débora Cotichini cuando era jefa de Inteligencia Sur, quien luego fue suspendida de sus funciones.

Posibles víctimas

Una de las cuestiones más llamativas que está revelando la investigación es que el interés por recopilar información no distingue colores políticos. Además –en principio- ninguna de las personas sobre las que se reunió material estaban imputadas en investigaciones penales.

Entre los nombres más llamativos está el del actual diputado nacional y hombre de extrema confianza del gobernador Omar Perotti: Roberto Mirabella, junto a su hijo Santino, funcionario de la Justicia Federal.

Daniel Di Lena, secretario de Maximiliano Pullaro.

También hay otros dirigentes del PJ: la vicegobernadora Alejandra Rodenas y su marido Jorge Llonch, ministro de Cultura; el extitular del Servicio Penitenciario, Héctor Acuña; y el nuevo secretario de Seguridad Pública, Jorge Bortolozzi.

Asimismo, hay diputados provinciales opositores como Maximiliano Pullaro, Julián Galdeano, Francisco “Paco” Garibaldi y Walter Ghione. Con respecto al dirigente oriundo de Hughes, las consultas abarcan a su entorno personal y funcional: sus hermanos Damián y Martín, su secretario Daniel Di Lena, el extitular del Servicio Penitenciario, Pablo Cococcioni; y el ex subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales Rolando Galfrascoli, actualmente director de Inteligencia Norte del Organismo de Investigaciones.

Además figuran intendentes como Luis Castellano (Rafaela) y Panlo Corsalini (Pérez), el exgobernador Antonio Bonfatti y (especialmente llamativo) algunos funcionarios propios como el hoy ministro Jorge Lagna que se desempeñaba como secretario en la cartera, Lautaro Sappietro (Armas) y Osvaldo Aymo (Seguridad Vial).

El allanamiento realizado en el Ministerio de Seguridad.

Esperando la imputación

En diciembre pasado, la Justicia notificó a Marcelo Sain y otros exfuncionarios que afrontan una causa por asociación ilícita y delitos como el espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

La investigación alcanza además a Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (asistente técnica), Diego Rodríguez (Agencia de Control), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini.

La audiencia imputativa, el lugar apropiado para que los fiscales den a conocer las pruebas y un juez o jueza la valore, no está prevista para antes de febrero.

Fuente: Rosario3.com

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