La situación del sector de discapacidad vuelve a encender señales de alarma. A los reclamos sostenidos por instituciones y profesionales por atrasos en los pagos, se sumó en las últimas horas la concejala socialista Mica Meinero, quien presentó un proyecto en el Concejo Municipal para exigir medidas urgentes al Gobierno Nacional.
La iniciativa solicita la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regularización de deudas con prestadores, en un contexto donde -según advierten- hay servicios al borde de la discontinuidad.
“Estamos acompañando el reclamo de profesionales, instituciones y transportistas, que hace más de seis meses no cobran por su trabajo. Esta situación pone en riesgo la continuidad de los servicios y afecta directamente a las personas con discapacidad y sus familias”, sostuvo Meinero.
El planteo encuentra eco en lo que vienen denunciando desde el propio sector. Referentes de espacios de atención remarcan que los retrasos en los pagos por parte de obras sociales y organismos generan un escenario cada vez más difícil de sostener.
Diversas fuentes del sector explicaron que algunas prestaciones acumulan deudas superiores a los seis meses, lo que provoca serias complicaciones para sostener los dispositivos.
Los espacios, que en muchos casos funcionan jornadas completas, deben afrontar costos fijos elevados: salarios, mantenimiento y funcionamiento. Sin ingresos regulares, la continuidad de las prestaciones empieza a verse comprometida.
Además, las profesionales señalaron que la problemática no es nueva y que, pese a la sanción de la ley de emergencia el año pasado, la situación no se resolvió. “Pareciera que porque la ley se aprobó los problemas desaparecieron, pero no es así”, indicaron.
En ese sentido, insistieron en que el foco del reclamo no está únicamente en las condiciones laborales de los equipos, sino en la garantía de derechos. “Los protagonistas son los concurrentes”, subrayaron, en referencia a las personas con discapacidad que dependen de estos servicios.
El proyecto impulsado por Meinero busca reforzar ese planteo a nivel institucional y sumar presión política para que se normalicen los pagos y se garantice el funcionamiento de un sistema que hoy aparece tensionado en todos sus niveles.