En un operativo conjunto encabezado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Investigaciones (PDI), la Justicia provincial y el gobierno local, este miércoles por la tarde fueron demolidos dos inmuebles utilizados para la venta de drogas en Venado Tuerto. La intervención, amparada en la Ley Provincial de Microtráfico, se concretó tras una denuncia presentada por el intendente Leonel Chiarella y el delegado del Ministerio de Seguridad en General López, Nahuel Pasquinelli, en base a reiteradas quejas de vecinos de la zona de Pavón al 1800.
La medida fue ordenada por el juez Mauricio Clavero, a pedido del fiscal Iván Raposo, y representa un paso firme en la política provincial de erradicación de puntos de venta de estupefacientes. Ambos inmuebles, según detallaron las autoridades, habían sido identificados como epicentros de actividad narco y violencia barrial.
“Estamos dando cumplimiento a una resolución judicial en el marco de una investigación por narcotráfico. Es clave desactivar estos lugares, no solo por la venta de droga, sino por el clima de violencia que generan”, declaró Chiarella, presente en el lugar junto a la senadora Leticia Di Gregorio.
El intendente destacó la coordinación entre las distintas jurisdicciones involucradas y agradeció el acompañamiento del gobierno provincial: “Estas acciones demuestran que, cuando se trabaja de manera articulada, con decisión política y respaldo legal, los resultados llegan”.
“No vamos a permitir que estos lugares sigan funcionando. Tenemos las herramientas legales y el compromiso necesario para avanzar. No se trata solo de perseguir a los responsables, sino de intervenir sobre los entornos donde la violencia y el narcotráfico se instalan. Vamos a estar donde haya que estar”, remarcó el mandatario.
En la misma línea, Pasquinelli subrayó el valor estratégico de estas intervenciones: “Esta demolición no es un hecho simbólico: marca un antes y un después en la lucha contra la droga en Venado Tuerto. Con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, demostramos que se puede actuar con decisión para proteger a los vecinos”.
Investigación y allanamientos
La denuncia original fue presentada el 20 de enero, luego de múltiples reclamos vecinales por la actividad ilícita que se concentraba en esa manzana del barrio. La causa quedó en manos del fiscal Iván Raposo, quien dispuso la intervención de la Unidad de Microtráfico de la PDI. La investigación incluyó tareas de inteligencia, escuchas telefónicas, vigilancia territorial e identificación de los principales implicados.
El 22 de mayo se ejecutaron tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Pavón 1880, Pavón 1890 y Marenghini 361. Seis personas fueron detenidas en el operativo y se incautaron múltiples elementos vinculados al narcomenudeo: más de 250 gramos de marihuana, cocaína fraccionada, una réplica de arma de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares, una planta de cannabis, picadores, una contadora de billetes y cerca de 380 mil pesos en efectivo.
Tras las audiencias correspondientes, cinco de los detenidos —Joaquín Miranda (alias “El Primo”), Micaela Villalba, Juan Manuel Silva, Brian Miguel Juárez y Victoria Nahir Cabrera— quedaron con prisión preventiva ordinaria. Un sexto aprehendido, que se encontraba comprando estupefacientes, fue desvinculado de la banda y no fue imputado en la causa principal.
Uno de los inmuebles allanados, el de Pavón 1880, ya había sido escenario de investigaciones anteriores por balaceras y tenencia de armas. Por ese motivo, y en virtud de los antecedentes, el fiscal Raposo aplicó el artículo 6 inciso B de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239, que habilita al Estado a demoler bienes inmuebles utilizados de forma reiterada para la comisión de delitos.
Cabe señalar que el terreno en cuestión estaba usurpado y pertenece al Municipio de Venado Tuerto, lo que facilitó el procedimiento de recuperación y posterior demolición.