Finalmente el próximo 20 de mayo a las 8 en la sala 2 de Tribunales de Venado Tuerto se desarrollará la postergada audiencia cautelar contra el exdelegado de Amsafe departamento General López, Alberto Maurino y su exadjunto, Leandro Gonzalo. La información fue confirmada a Venado24 por el fiscal de la causa, Damián Casullo, quien detalló que en este caso se tratará de una cautelar del tipo real, donde se definirán posibles restricciones sobre los bienes de los imputados.
Al respecto, cabe recordar que el lunes 27 de diciembre pasado, Maurino y Gonzalo fueron imputados por administración fraudulenta. Al primero también se le atribuyó el delito de invocar calidad simulada. En esa misma jornada Casullo pidió a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) la pronta realización de la respectiva audiencia cautelar, con el fin de peticionar el inmediato embargo e inhibición de bienes de los acusados para que no puedan transferir o movilizar su patrimonio. “Nosotros entendemos que es necesario para poder asegurar la posible reparación económica y prevenir que los imputados se desprendan o transfieran sus bienes“, sostuvo el funcionario judicial.
Así, en primera instancia se definió al 30 de diciembre como fecha de realización de dicha audiencia, pero la misma fue postergada por el juez de Instrucción Penal, Adrián Godoy, ante el pedido de la defensa de los exdirectivos de Amsafe, a cargo de los abogados Raúl Superti y Ana María Regidor. Lo cierto es que, a pesar que en ese momento se propuso como fecha posible el mes de febrero, recién ahora se podrá concretar.
La causa
La causa lleva más de 4 años, ya que arrancó con la denuncia realizada a fines de junio del 2016 por el actual delegado del gremio docente, Javier Delgado, a poco de asumir sus funciones. En aquella oportunidad, Delgado denunció que la comisión anterior antes de retirarse realizó movimientos en efectivo por más de 4,5 millones de pesos.
De esa cifra, $2 millones fueron utilizados para abonar la indemnización de seis trabajadores que en realidad estaban en calidad de monotributistas (entre ellos la esposa del propio Gonzalo a la que se le pagó $500 mil). Pero además para realizar la extracción de este dinero y el trámite respectivo en la delegación del Ministerio de Trabajo local, el ex delegado Alberto Maurino se atribuyó la figura de secretario general. “En nuestro sindicato los delegados no tenemos facultad de realizar esos movimientos, sólo los puede hacer la secretaria general (actualmente, Sonia Alesso)”, apuntó en ese momento, Delgado. Por eso, se le sumó a la imputación por administración fraudulenta, el delito de invocar calidad simulada.
En otro orden, también la imputación es por los gastos incluidos en los últimos días de mandato de la anterior comisión en materiales de construcción y en honorarios a arquitectos. Por ejemplo en el día de la elección, hay un pago de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija.