En el marco del proceso de regulación de hogares de convivencia en Venado Tuerto, el Tribunal de Faltas Municipal dispuso la clausura de un establecimiento ubicado en Roca al 1200, debido a que no cumplía con los requisitos exigidos por la ordenanza 5707, vigente desde 2023. Así lo confirmó el juez de Faltas Municipal, Stéfano Quaglia, en una entrevista concedida al programa A Pesar de Todo (LT29), donde detalló los motivos de la medida y el procedimiento llevado a cabo.
Según explicó Quaglia, este hogar fue objeto de un seguimiento exhaustivo por parte del equipo interdisciplinario conformado para regularizar la situación de estos establecimientos. Dicho equipo, integrado por asistentes sociales, personal de inspección municipal y especialistas en el área médica, había realizado múltiples advertencias y brindado acompañamiento a los responsables del hogar para que se ajustaran a la normativa vigente. Sin embargo, los incumplimientos persistieron, lo que llevó a la clausura del lugar.
“No es una decisión que se haya tomado de forma arbitraria ni repentina. Se dio un período de tiempo prudencial para que los responsables del hogar cumplieran con las exigencias de seguridad e higiene establecidas en la ordenanza. Sin embargo, al no haber avances significativos, se procedió con la medida“, señaló el juez.
Uno de los principales problemas detectados fue el exceso de ocupación. Según la normativa vigente, la capacidad máxima de alojamiento está determinada por el espacio físico disponible, y en este caso, la cantidad de residentes superaba ampliamente ese límite, poniendo en riesgo su bienestar y seguridad. “El factor ocupacional es clave en estos establecimientos, y en este hogar en particular, se excedió la cantidad de personas permitidas, lo que generó un problema serio de habitabilidad“, explicó Quaglia.
Para llevar a cabo la clausura de manera ordenada y minimizar el impacto en los residentes, la notificación fue realizada con una semana de anticipación. Durante ese tiempo, las asistentes sociales trabajaron en la reubicación de los adultos mayores alojados en el establecimiento, buscando alternativas en otros hogares de convivencia o con sus familias. “Este no es un procedimiento común como la clausura de un comercio. Aquí se trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, por lo que diseñamos un protocolo que garantice su bienestar antes de concretar la medida”, agregó el funcionario.
El proceso culminó cuando se verificó que todos los residentes habían sido reubicados y se procedió a la colocación de la faja de clausura. La audiencia con la responsable del hogar se fijó para el 27 de marzo, instancia en la que podrá ejercer su derecho de defensa y presentar un plan de regularización para el establecimiento.
Quaglia advirtió que existen otros seis hogares en la ciudad que se encuentran en condiciones similares y podrían enfrentar medidas similares si no regularizan su situación. “Nuestro objetivo no es cerrar establecimientos, sino garantizar que los adultos mayores vivan en condiciones dignas y seguras. La ordenanza establece parámetros claros y quienes gestionan estos espacios deben cumplirlos“, concluyó el juez.