La investigación por narcotráfico que sacudió a Venado Tuerto y la región tras el megaoperativo del lunes 31 de marzo úlitmo, tendrá este jueves un momento clave: se confirmó que la audiencia imputativa y cautelar se realizará a las 9 en la sala de los Tribunales locales.
En esa instancia serán formalmente acusados Jorge K. (72) y Ezequiel A. (47), quienes permanecen detenidos en la Alcaidía de Melincué y podrían recuperar la libertad tras la audiencia, ya que las imputaciones previstas son, en principio, excarcelables.
La audiencia estará encabezada por el juez Leandro Martín, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Iván Raposo. En tanto, la defensa de los imputados será ejercida por la abogada Ana María Regidor, en representación de Ezequiel A., y por el letrado rosarino Jorge Resegue, quien asistirá a Jorge K.
De acuerdo a lo adelantado por la Fiscalía, a ambos se les imputará el delito de comercialización de estupefacientes en grado de partícipe secundario, figura contemplada en la Ley 23.737. Se trata de una calificación que alcanza a quienes prestan una colaboración no esencial en la actividad ilícita, con conocimiento de que favorecen la comercialización de drogas. La pena prevista es menor a dos años, lo que abre la posibilidad de que transiten el proceso en libertad.
No obstante, la situación de Jorge K. podría verse agravada por el secuestro de armas de fuego en su propiedad durante los allanamientos. Según trascendió, se incautaron armas largas y cortas, municiones y cartuchería, en muchos casos sin la documentación correspondiente o con autorizaciones vencidas, lo que podría derivar en una imputación adicional por tenencia ilegal de armas.
En el caso de Ezequiel A., su escenario judicial aparece más complejo a la larga debido a la intervención de la Justicia Federal. El comercio que administra junto a familiares fue el único allanado de manera conjunta por autoridades provinciales y federales, lo que lo ubica bajo una doble lupa investigativa.
En ese sentido, la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi ya había adelantado que la firma —vinculada a actividades de turismo y cambio— también es investigada por presuntas maniobras de comercialización de cereal en negro, lo que podría derivar en delitos de evasión fiscal y eventualmente en figuras más graves como el lavado de activos.
Por el momento, desde la Fiscalía Federal mantienen el secreto de sumario, por lo que no se brindarán mayores precisiones sobre el avance de esa línea investigativa.
El contexto del caso
La causa se originó a partir de un amplio despliegue judicial y policial que incluyó 20 allanamientos en Venado Tuerto, Rosario y distintas unidades penitenciarias.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Aurelio Cuello Murúa y el propio Leandro Martín, en el marco de una investigación coordinada entre la Fiscalía Federal (a cargo de Federico Reynares Solari) y el Ministerio Público de la Acusación.
Según los datos oficiales, la pesquisa apunta a una organización narcocriminal integrada por al menos 17 personas, muchas de ellas con base en Venado Tuerto, e incluso con miembros que operaban desde unidades penitenciarias.
En los procedimientos se secuestraron celulares, documentación y vehículos, elementos que ahora son analizados para profundizar la investigación y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
Con este escenario, la audiencia de este jueves será determinante para conocer el encuadre inicial de las imputaciones y definir la situación procesal de los dos empresarios detenidos