Un joven de Venado Tuerto fue condenado a dos años de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en una amenaza de bomba que obligó a evacuar al ex Anexo de la Escuela Nacional Nº1, en un hecho ocurrido a fines de agosto del año pasado.
La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado, luego de un acuerdo entre la fiscal Larisa Barucca y la defensora pública María Cecilia Tosco, que fue homologado por el juez Leandro Martín en los tribunales venadenses.
El condenado es Jonatan Ismael Barrionuevo (28 años), a quien se le atribuyó el delito de intimidación pública.
La amenaza que activó el operativo
Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió el 29 de agosto de 2025 alrededor de las 11.15, cuando Barrionuevo realizó un llamado a un servicio de emergencias desde el teléfono celular con característica de Venado Tuerto.
Durante la comunicación, el imputado aseguró que había recibido un aviso sobre la existencia de una bomba en la Escuela Secundaria N°584 “Raúl Ricardo Alfonsín” (ex Anexo del colegio Nacional 1) ubicado en la intersección de Alem y Di Martino en el barrio Iturbide.
Para dar mayor verosimilitud al aviso, Barrionuevo afirmó que era primo de un oficial policial, lo que buscaba reforzar la credibilidad de la advertencia.
La falsa alarma provocó la activación inmediata de un operativo de seguridad. Personal policial se dirigió al establecimiento educativo y se dispuso la evacuación preventiva de estudiantes y personal, mientras se realizaba una requisa completa del edificio.
Finalmente, no se halló ningún artefacto explosivo ni elementos peligrosos, por lo que la amenaza fue considerada falsa.
El episodio se produjo, además, en medio de una seguidilla de amenazas similares: entre el 25 y el 29 de agosto de 2025 se habían registrado al menos cinco avisos de bomba dirigidos contra la misma institución, hechos que quedaron bajo investigación.
Las evidencias reunidas por la Fiscalía
Para sustentar la acusación, la Fiscalía incorporó diversas evidencias reunidas durante la investigación.
Entre ellas se incluyó un informe policial elaborado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en el que se reconstruyó el origen del llamado y se identificó al presunto autor.
También se incorporaron registros solicitados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que permitieron verificar el historial de llamadas y la titularidad de la línea telefónica desde la cual se realizó el aviso. Según esa información, el número estaba registrado a nombre de Jonatan Ismael Barrionuevo.
Otro elemento clave fue la declaración del operador del servicio de emergencias que recibió la llamada, quien relató que cerca de las 11.09 de la mañana atendió el teléfono de emergencias y escuchó la voz de un hombre joven, alterado y acelerado, que le dijo: “Me dijeron que pusieron una bomba en Di Martino y Alem”, tras lo cual cortó la comunicación.
La investigación también incorporó actas policiales del procedimiento realizado en la escuela, que documentaron el despliegue de los móviles, la evacuación preventiva y la posterior inspección del edificio.
Asimismo, se sumó el testimonio de un efectivo policial mencionado durante la llamada, quien aclaró que existía un parentesco lejano con el imputado, aunque sostuvo que no mantenían contacto ni tenía conocimiento de los hechos.
Finalmente, la causa incluyó una orden de allanamiento y su correspondiente acta de diligenciamiento, realizada el mismo día del episodio.
Procedimiento abreviado
Con el conjunto de evidencias reunidas y la admisión de responsabilidad por parte del acusado, la Fiscalía y la Defensa acordaron resolver el caso mediante procedimiento abreviado.
El juez de Primera Instancia en lo Penal, Leandro Martín, homologó el acuerdo y dictó la condena a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, pena que el imputado deberá cumplir en el sistema penitenciario provincial.