En la última sesión del Concejo Municipal, el bloque Ciudad Futura presentó un proyecto de ordenanza para aplicar mayores sanciones para quienes incurran en el maltrato animal, llenando un vacío legal que hoy existe en la ciudad. La iniciativa impulsada por los ediles Florencia Giacometti y Bruno Taddia apunta por un lado a darle herramientas al Tribunal de Faltas para aplicar sanciones económicas, y además promueve la creación de un fondo para apoyar la tarea de agrupaciones mascoteras.
“El último fin de semana ocurrieron hechos muy graves de crueldad hacia los animales que son repudiables, por eso proponemos desde el bloque Ciudad Futura una ordenanza contra el maltrato animal, porque hoy no la tenemos”, señaló Giacometti.
En tal sentido, recordó que estuvo vigente la ordenanza 4022/2011 hasta que en 2018 se sancionó una nueva normativa de tenencia responsable de caninos y felinos, lo que motivó la derogación de la anterior, “quedando un gran vacío en la legislación local para sancionar el maltrato animal”.
Giacometti sostuvo que “desde lo local notamos que no existe un régimen sancionatorio específico, sino que aparecen para abandono de animales o quienes pasean a sus perros sin correa, pero no son esas las situaciones más problemáticas, como sí lo son el maltrato y la crueldad que vimos el último fin de semana”, en relación a una denuncia que se viralizó en redes sociales, donde apareció una perra con sus cachorros sin vida.
“Por eso esta ordenanza busca establecer un régimen de sanciones ejemplares, reconociendo además a las agrupaciones proteccionistas y los grupos mascoteros que llevan adelante una labor de acogida, tránsito y recuperación de animales en estado de abandono. Y lo hacen con recursos de sus propios bolsillos, con ayuda de veterinarios que muchas veces asumen los gastos”, amplió la legisladora.
Por eso el objetivo es que las sanciones económicas que reciban los responsables de maltrato animal “se destinen a un fondo que incentive la labor de los grupos mascoteros”. El proyecto promueve sanciones de 200 a 500 UTM, que a valores actuales oscilan entre 34.400 a 86.000 pesos.
“Hoy tenemos una ley nacional que habilita la investigación por parte de la fiscalía, pero queda una gran laguna para abordar esta problemática, porque además la escala sancionatoria es muy acotada, de 15 días a un año. Con esta ordenanza le estamos dando herramientas al Tribunal de Faltas para el proceso administrativo”, finalizó.