La causa fue impulsada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, con intervención del Juzgado Federal local y apoyo de Gendarmería Nacional, tras más de 12 meses de tareas de inteligencia, seguimientos y escuchas. El operativo culminó con 14 allanamientos simultáneos —13 en Santa Fe y uno en el conurbano bonaerense— y la detención de Georgina Mora, señalada como líder de la banda, quien operaba desde La Matanza.
Mora enviaba la droga a su socia en Venado, Nahir Cervera, ex pareja del narco local Maximiliano “Wacho Maxi” Ríos. Entre los detenidos figura también Diego Torancio, a quien el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella había denunciado públicamente como uno de los responsables del narcomenudeo en la ciudad.
En los procedimientos se secuestraron 1,8 kilos de droga, armas de fuego, municiones, más de 10 millones de pesos en efectivo, celulares, balanzas y documentación clave para la causa.
“Vamos a seguir denunciando y colaborando para que estos delincuentes terminen presos. Los vecinos merecen vivir en una ciudad más segura, y en esa dirección estamos avanzando sin medias tintas”, sostuvo el mandatario local en redes sociales, quien también agradeció la labor del juez federal Aurelio Cuello Murúa y de los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.
Búnkeres demolidos: la respuesta local al narcomenudeo
Este nuevo golpe de carácter federal se suma al operativo realizado días atrás en el barrio céntrico de Venado Tuerto, donde se demolieron dos inmuebles utilizados como búnkeres de venta de drogas. Esa acción fue posible gracias a la denuncia presentada el 20 de enero por el intendente Chiarella y el delegado del Ministerio de Seguridad en General López, Nahuel Pasquinelli, tras recibir múltiples reclamos de vecinos de la zona de Pavón al 1800.
La causa provincial estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, y permitió ejecutar allanamientos en tres domicilios, con seis detenciones y el secuestro de droga, armas y dinero. Posteriormente, el juez Mauricio Clavero autorizó la demolición de dos viviendas, una de ellas propiedad municipal, amparado en la Ley Provincial de Microtráfico Nº 14.239.
“Estas acciones no son simbólicas: marcan un antes y un después. La droga no solo envenena, sino que instala climas de violencia. Y frente a eso, actuamos con decisión”, enfatizó Chiarella durante la demolición, acompañado por la senadora Leticia Di Gregorio y funcionarios del Ejecutivo provincial.
Una estrategia articulada
La simultaneidad de operativos provinciales y federales revela un accionar estatal cada vez más articulado para enfrentar las distintas escalas del narcotráfico: desde el narcomenudeo en barrios urbanos hasta las estructuras logísticas con base en otras provincias.
“Estamos demostrando que se puede avanzar cuando hay decisión política, coordinación institucional y herramientas legales adecuadas”, resumió Chiarella, que también destacó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
En un escenario donde el delito se infiltra en los tejidos sociales más frágiles, las autoridades locales y judiciales buscan mostrar que el Estado no está ausente y que el mensaje es claro: “Donde haya narcotráfico, vamos a estar”.