La causa penal contra la exconducción de Amsafe General López promete seguir estirándose en el tiempo, dado que en la jornada del lunes ingresó una apelación formal a lo resuelto por el juez Adrián Godoy en la audiencia preliminar del pasado 12 de junio, y ahora el caso será revisado por la Cámara de Apelaciones.
Por el momento, la apelación que ingresó es por parte de Leandro Gonzalo (su defensora es Ana Regidor), quien se desempeñaba como delegado adjunto; pero todavía corren los plazos formales (vencen esta semana) para que lo haga el otro imputado, Alberto Maurino, que ocupó durante más de dos décadas el cargo de delegado seccional. Su defensor es el abogado rosarino Raúl Superti.
Durante la mencionada audiencia, la defensa de Maurino y Gonzalo pidieron el sobreseimiento, pero el juez Godoy rechazó el pedido y aceptó toda la prueba ofrecida por la acusación, a cargo del fiscal Damián Cassullo. Además se rechazaron los planteos de los defensores de criterio de oportunidad, la extinción de la acción penal y la suspensión de juicio a prueba.
Con esta novedad, primero se tiene que agotar el plazo para apelar y posteriormente el magistrado debe elevar las actuaciones a la Cámara, que tendrá que definir si admite el recurso, cosa que seguramente va a ocurrir.
Ante este escenario, se fijará una audiencia de segunda instancia donde se revisarán los puntos planteados por la defensa, lo que seguramente va a estirar los plazos procesales.
A partir de ahora se abren diferentes escenarios hipotéticos: que la Cámara rechace la totalidad de lo actuado en primera instancia, que lo haga parcialmente y excluya alguna prueba que es cuestionada por la defensa, o en todo caso que confirme completamente la actuación hasta el momento de la fiscalía y lo resuelto por Godoy. En este último caso, se vuelve al juez de primera instancia y la única alternativa es la citación a juicio, aunque siempre está latente la posibilidad de que las partes arriben a una salida alternativa, mediante la aceptación de la culpabilidad o la reparación de los daños causados.
La denuncia
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando el entonces recién electo delegado de Amsafe, Javier Delgado, denunció que la comisión anterior realizó antes de retirarse movimientos en efectivo por más de 4,5 millones de pesos.
Estos movimientos se hicieron dos días antes del vencimiento del mandato, y de acuerdo con la denuncia, 2 millones de pesos fueron utilizados para abonar la indemnización de seis trabajadores que en realidad estaban en calidad de monotributistas.
Además, plantean que para realizar la extracción de este dinero y el trámite respectivo en la delegación del Ministerio de Trabajo local, el exdelegado Alberto Maurino se atribuyó la figura de secretario general, motivo por el cual también se lo imputó por invocar calidad simulada.