Como informamos ayer, posterior a una extensa audiencia, que se prolongó durante toda la jornada, el juez de Primera Instancia Adrián Godoy resolvió dictar la prisión preventiva para J.B., imputado como presunto autor de homicidio simple agravado por el uso del arma de fuego, daño y encubrimiento agravado en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Nicolás Christian Godoy.
Al respeto, en la extensa jornada la fiscal Mayra Vuletic (quien encabeza la investigación junto a su par Marianela Montemarini Menna) realizó una extensa exposición, desarrollado una reconstrucción minuciosa del contexto personal de la víctima, del conflicto que habría derivado en el crimen y de los principales elementos probatorios reunidos durante la investigación.
Se trata de una ampliación de los detalles que sustentan la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación en una causa que lleva más de once años.
La historia personal de la víctima
Durante la imputación, la fiscal Vuletic repasó distintos testimonios incorporados al expediente -principalmente de familiares y allegados- que describen a Nicolás como una persona extrovertida y con una vida atravesada por diversas dificultades.
Según relataron los testigos, Nicolás pasó buena parte de su infancia y adolescencia en Venado Tuerto al cuidado de sus abuelos y tíos, ya que su madre se había mudado por distintos motivos a la Ciudad de Buenos Aires.
En su juventud se trasladó a Córdoba para estudiar Veterinaria en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sin embargo, luego de aproximadamente dos años, familiares detectaron que no estaba avanzando en la carrera y le pidieron que regresara a Venado Tuerto.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, a partir de ese momento comenzó una etapa más inestable en su vida.
En un primer momento consiguió un buen empleo en una empresa dedicada a la inseminación artificial bovina. Sin embargo, decidió renunciar cuando la firma le propuso trasladarse a Rosario. Su intención era permanecer en Venado Tuerto.
Tras esa decisión, Nicolás comenzó a desempeñarse en distintos trabajos nocturnos vinculados a bares y boliches bailables de la ciudad.
Al mismo tiempo, mantenía un vínculo estrecho con un tío abuelo que residía en el establecimiento agropecuario familiar. Según los testimonios, lo acompañaba frecuentemente en tareas cotidianas y también lo ayudaba con distintos trámites administrativos, por lo cual recibía una compensación económica.
Con el tiempo, Nicolás decidió mudarse a una vivienda lindera a la casa principal del campo familiar. Ese era el lugar donde residía cuando desapareció en julio de 2014.
El origen del conflicto
La fiscal también detalló el origen del conflicto que habría derivado en el crimen. Según la acusación, el problema comenzó cuando Nicolás compró un vehículo al imputado J.B.
Para concretar la operación entregó parte del pago mediante cheques pertenecientes a la firma Agataura, empresa que administraba comercialmente el campo familiar. De acuerdo con la investigación, esos cheques habrían sido tomados sin autorización de una chequera y las firmas habrían sido falsificadas.
Cuando el titular de la cuenta detectó la situación denunció los valores, lo que impidió que J.B. pudiera cobrarlos.
Ese episodio derivó en un fuerte conflicto entre ambos, que incluso incluyó una denuncia judicial promovida por el propio J.B.
Según relataron amigos de la víctima, en los días previos a su desaparición Nicolás se mostraba preocupado por esa situación. De acuerdo con esos testimonios, comenzó a permanecer casi encerrado en la vivienda del campo y evitaba salir.
En ese mismo contexto habría adquirido dos armas cortas a un vecino de Venado Tuerto: una pistola Bersa Thunder calibre .45 y una Ballester Molina calibre 22, que, según la fiscalía, habrían sido compradas con la intención de defenderse ante un eventual ataque.
La reconstrucción del hecho
En su exposición, Vuletic sostuvo que la investigación permitió establecer que J.B. habría abordado a Nicolás en la madrugada del 15 de julio de 2014, cuando la víctima circulaba en su Volkswagen Quantum acompañado por sus dos perros bóxer, llamados Duke y Buda.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el imputado le habría quitado la vida presumiblemente utilizando un arma de fuego, motivado por el conflicto económico existente entre ambos.
Luego del ataque, siempre según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los perros habrían sido abandonados en una zona rural y el cuerpo de Nicolás trasladado a un sitio que hasta el momento no pudo ser determinado, con el objetivo de evitar que fuera hallado.
Posteriormente, el acusado habría dejado el automóvil de la víctima estacionado en las inmediaciones de Covacevich al 700, en Venado Tuerto.
El vehículo permaneció allí durante aproximadamente dos días.
Cuando el 17 de julio de 2014 comenzó a difundirse en los medios el pedido de paradero del joven, el imputado habría retirado el auto cerca de las 22.50 y lo trasladó fuera del ejido urbano, donde lo incendió con la finalidad -según la acusación- de destruir evidencias y asegurar su impunidad.
Testimonios y pruebas técnicas
Entre los elementos que la Fiscalía presentó para sostener la acusación también se encuentra la declaración de un testigo de identidad reservada, identificado en el expediente como “A-1”, cuya entrevista fue realizada el 12 de diciembre de 2025 en presencia de las fiscales Mayra Vuletic y Marianela Montemarini Menna.
Según se expuso durante la audiencia, el testigo relató una serie de conversaciones y actitudes del imputado que, para la Fiscalía, resultan especialmente relevantes.
De acuerdo con ese testimonio, el acusado habría realizado en reiteradas oportunidades comentarios vinculados con la desaparición de Nicolás Godoy. El declarante sostuvo que el imputado solía decirle que él también podía “desaparecer como Nicolás Godoy”, lo que inicialmente interpretó como una especie de amenaza o broma de mal gusto.
Con el paso del tiempo, según relató, esas expresiones comenzaron a resultarle inquietantes. En su declaración indicó que el imputado repetía esas frases en distintos contextos e incluso en presencia de miembros de su propia familia.
A su vez, también recordó episodios en los que el acusado habría hecho comentarios insinuando que él mismo había tenido participación en la desaparición del joven. Según su relato, en algunas ocasiones mencionaba delante de familiares que “había hecho desaparecer a Godoy”, lo que generaba reacciones incómodas en el entorno familiar.
En particular, el declarante señaló que cuando el imputado realizaba ese tipo de afirmaciones la reacción de su madre evidenciaba malestar o preocupación, algo que le llamó la atención y que quedó grabado en su memoria.
Sostuvo además que esas manifestaciones se repitieron en más de una ocasión, lo que terminó generándole inquietud. Según consta en la imputación, esas afirmaciones fueron relatadas en el marco de la entrevista formal tomada por la Fiscalía y quedaron incorporadas como parte del legajo investigativo.
Debido a la naturaleza del testimonio y al riesgo potencial para la persona que lo brindó, el Ministerio Público dispuso la reserva de identidad, medida que implica que los datos personales del declarante se encuentren resguardados en un sobre cerrado dentro del expediente judicial.
Para la Fiscalía, este testimonio constituye uno de los elementos que, en conjunto con otras pruebas testimoniales, periciales y técnicas. Entre ellos, el informe presentado por un inspector policial que analizó el impacto de antenas de telefonía celular vinculadas al teléfono del acusado. Según explicó la fiscalía, esos registros permitirían ubicar el dispositivo en sectores compatibles con los desplazamientos reconstruidos durante la investigación.
Estos detalles formaron parte de la exposición realizada durante la audiencia en la que el juez Adrián Godoy resolvió finalmente dictar la prisión preventiva del imputado mientras la investigación avanza hacia las próximas etapas del proceso judicial.
