Vidal tuvo que reconocer un “error” –tal como lo definieron en un comunicado– en el decreto 647/16 que penalizaba con cárcel la difusión de las Declaraciones Juradas de funcionarios públicos. La nueva solución ” estilo Cambiemos” llegará hoy, cuando se deroguen los artículos 1, 2 y 7.
Ayer, el gobierno de María Eugenia Vidal el que decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a “terceros”.
Es solo otra medida en la que el Gobierno mostró su elasticidad tras el intento de censura previa fue en la ley de blanqueo. La iniciativa todavía incluye el artículo 85, que establece penas de hasta dos años de prisión y multas económicas contra funcionarios y terceros que revelen información de la operatoria. Sin embargo, el propio presidente Mauricio Macri se encargó de anticipar que modificarán el “punto oscuro” de la amnistía fiscal al afirmar: “No está aplicado a los periodistas, es por el secreto fiscal. No es el espíritu del Gobierno cercenar la libertad de expresión”.