El Departamento Ejecutivo (DEM) elevará al Concejo distintas propuestas de financiamiento para el sistema integral de videovigilancia, un nuevo servicio municipal que deberá ser solventado con afectaciones específicas de tributos. De esta manera pretende destrabar el tratamiento del tema en el legislativo, sobre todo luego del anuncio de la provincia del envió de 17 cámaras de seguridad para Venado Tuerto. Es que se corre el riesgo que lleguen las cámaras y no se puedan poner en funiconamiento por la inexistencia del sistema de videovigilancia
Como se sabe, el Municipio presentó una propuesta hace casi 60 días, pero el Concejo pretendió sancionar una ordenanza que, en la visión del Ejecutivo, no contemplaba los requerimientos para financiar el servicio.
Según el mensaje 013-PG-2013, el DEM solicitaba una afectación del 4 por ciento de la Tasa General de Inmuebles (TGI); el incremento de la alícuota general del Derecho de Registro e Inspección (DRI) al 0,70 por ciento, y un aumento de alícuotas diferenciales, todas a partir de junio de 2013. Además debía afectarse el 50 por ciento de la recaudación del Impuesto Patente Única sobre Vehículos, autorizado por ordenanza 4218/12.
En una reunión posterior con ediles, el secretario de Planificación y Gestión, Daniel Dabove; y su par de Hacienda, Guillermo Imbern, ratificaron la posición original del Ejecutivo y en base a lo conversado se eleva ahora un menú de propuestas para que sean evaluadas en la instancia legislativa.
“Todas estas propuestas giran alrededor de una afectación específica sobre la base del aumento del 8 por ciento en la TGI; una sostiene elevar la alícuota del DRI en un 0.325 (antes 0.70); o bien la afectación del 50 por ciento de la última cuota de Patentes”, detalló Dabove, añadiendo que de este modo “en seis meses podríamos recaudar el dinero para afrontar la inversión inicial”.
Otra alternativa es crear un cargo fijo sobre la alícuota de la TGI para ser afectada al nuevo servicio, aunque se haría una distribución sectorizada de la UTM (unidad tributaria municipal), obviando así el aumento del DRI.
En tanto, una quinta propuesta establecería un mix, bajando ese cargo fijo a la mitad pero también disminuyendo el aumento del DRI al 0.1675.
“Siempre hablamos de un plazo de seis meses, que es el tiempo de implementación de la obra, para afrontar el contrato tras la licitación pública”, abundó el secretario de Planificación y Gestión.
Los tres millones de pesos resultantes, de acuerdo al presupuesto, incluyen las 32 videocámaras, el sistema de monitoreo, la refacción edilicia y los requerimientos logísticos, conforme el proyecto aprobado.
Según Dabove, “proponemos distintas alternativas, y el Ejecutivo no puede imponer su criterio porque no tiene mayoría en el Concejo; sí vemos que algunos concejales, que antes ponían algunos reparos, ahora manifiestan su apoyo al sistema”, analizó.
En el presupuesto global se incluye el subsidio prometido por el Gobierno provincial, por un monto estimado en 500 mil pesos.