El juez de Penal de Primera Instancia de Venado Tuerto, recientemente propuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro para ocupar el cargo de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Circunscripción Judicial Nº 3, con cabecera en esta ciudad, Maurico Clavero sostuvo que en los últimos días volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre la edad de imputabilidad juvenil, una discusión que remarcó que no es nueva, pero que reaparece cada vez que un delito grave involucra a menores de 16 años.
En ese marco, al actual magistrado, advirtió que si bien algunos sectores califican cualquier intento de reforma como “oportunismo electoral”, evitar el debate también constituye una forma de irresponsabilidad política. Según planteó, la sociedad argentina enfrenta hoy fenómenos delictivos que ya no pueden ser explicados con categorías de hace cuarenta años, dado que las redes criminales reclutan adolescentes cada vez más jóvenes y aprovechan un vacío legal que los coloca en una zona de no responsabilidad.
A su vez, señaló que este escenario deja a las víctimas atrapadas en un sistema que no ofrece respuestas claras cuando el autor del hecho es menor de 16 años y que, lejos de proteger a los adolescentes, termina exponiéndolos a dinámicas delictivas que los utilizan como piezas descartables. Por ello, sostuvo que no actuar hasta los 16 años no implica una política de protección, sino que supone llegar tarde frente a situaciones ya consolidadas.
En relación con los argumentos científicos, el magistrado afirmó que la apelación a las neurociencias para justificar la falta de intervención resulta incompleta. Si bien reconoció que el control inhibitorio de los adolescentes se encuentra en desarrollo, destacó que la evidencia demuestra que comprenden la ilicitud de sus actos, y que precisamente por esa razón la intervención temprana resulta más eficaz que la tardía.
Asimismo, Clavero, subrayó que los derechos humanos no impiden la responsabilidad penal juvenil. En ese sentido, explicó que la Convención sobre los Derechos del Niño no prohíbe establecer edades de imputabilidad menores a las vigentes en Argentina, sino que exige la existencia de un sistema especializado, con garantías reforzadas, medidas socioeducativas y la privación de la libertad como último recurso.
Más adelante, remarcó que la sociedad no reclama “mano dura”, sino coherencia institucional. Según expresó, existe una demanda concreta para que delitos graves -como homicidios, abusos sexuales gravemente ultrajantes o robos agravados con armas de fuego- no queden sin un marco de responsabilidad únicamente por la edad del autor. En consecuencia, planteó que el Estado debe intervenir con firmeza, pero también con inteligencia, a través de equipos interdisciplinarios, seguimiento real y políticas orientadas a la reinserción.
Finalmente, el juez sostuvo que un debate serio no consiste en eludir la discusión ni en la crítica por la crítica misma, sino en asumirla y realizar aportes, incluso desde posiciones extremas. En esa línea, consideró que reducir el debate sobre imputabilidad a una maniobra electoral desconoce que el verdadero oportunismo es utilizar la ciencia o las causales socioeconómicas como excusa para no cambiar nada. A su entender, reconocer que el sistema actual no funciona implica aceptar que la impunidad estructural también vulnera derechos y avanzar hacia un régimen juvenil moderno y eficaz, que proteja a la sociedad sin abandonar a los adolescentes a su suerte. En definitiva, concluyó que la Argentina necesita una discusión madura, sin consignas fáciles ni miedos paralizantes, porque cuando un menor comete un delito grave el Estado no puede mirar para otro lado y la verdadera protección comienza cuando se deja de negar la realidad y se decide transformarla.