La Fiscalía solicitó nueve años de prisión efectiva para cada uno de los dos acusados de asaltar a mano armada a un repartidor de mercadería en Venado Tuerto. El hecho ocurrió en octubre de 2025, cuando la víctima fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y amenazada con un revólver para que entregara sus pertenencias. La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, allanamientos y el secuestro de un arma de fuego apta para disparar.
El pedido fue presentado por la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca, integrante de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos, coordinada por el doctor Iván Raposo, durante la audiencia preliminar realizada este miércoles en los Tribunales de Venado Tuerto. La audiencia fue presidida por el juez Adrián Godoy, mientras que la defensa de los acusados estuvo a cargo de la defensora oficial Melisa Andreatta.
La pretensión fiscal alcanza a A. J. B. y A. E. B., para quienes también se requirieron las accesorias legales, las costas del proceso y la declaración de reincidencia. Ahora, la acusación deberá avanzar hacia el juicio oral y público, donde se determinará la eventual responsabilidad penal de ambos.
Según la acusación, el episodio se registró el 1 de octubre de 2025, alrededor de las 11, en calle Eterovich, entre Cabral y Juan B. Justo.
En ese momento, R. C. se encontraba realizando entregas para una empresa de Santa Isabel cuando fue interceptado por dos hombres que circulaban en una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos.
La Fiscalía sostiene que A. E. B. conducía el rodado y acorraló al trabajador contra el camión, mientras que A. J. B., quien viajaba como acompañante, descendió y le apoyó un revólver en el pecho para exigirle la entrega de sus pertenencias.
De acuerdo con el relato de la víctima incorporado a la causa, el conductor también habría instado a su acompañante a disparar si el repartidor intentaba reaccionar.
Los asaltantes se apoderaron de una mochila que contenía aproximadamente un millón de pesos correspondientes a la recaudación y dos teléfonos celulares. Luego escaparon en la motocicleta.
La investigación encabezada por Barucca reunió distintos elementos probatorios para sostener la acusación. Entre ellos, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, cuyas imágenes permitieron reconstruir movimientos previos al asalto, parte de su desarrollo y el recorrido de fuga.
A partir de esos registros, los investigadores realizaron comparaciones de vestimenta y otras características que contribuyeron a la identificación de los sospechosos.
El 3 de octubre de 2025 se llevaron adelante allanamientos en los que se secuestraron prendas de vestir, cascos y otros elementos considerados de interés para la causa.
En una vivienda atribuida a A. E. B. también encontraron una motocicleta blanca Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos, dinero en efectivo, municiones y un revólver.
La pericia alística estableció que el arma secuestrada era apta para producir disparos, una circunstancia que, según la Fiscalía, resulta compatible con la descripción aportada por el repartidor.
Además del robo calificado por el uso de arma de fuego que se les atribuye a ambos acusados, A. E. B. deberá responder por la presunta tenencia ilegítima del revólver como hecho independiente.
La Fiscalía pidió nueve años de prisión efectiva
El Ministerio Público de la Acusación fundamentó la pena solicitada en la gravedad de la intimidación, la utilización de un arma de fuego y el riesgo al que fue expuesto el trabajador durante el asalto, cometido a plena luz del día.
“Pedir nueve años de prisión efectiva responde a la gravedad del hecho y al riesgo al que fue expuesto un trabajador. Sostenemos esta pretensión con la evidencia reunida y será en el juicio, con pleno respeto por el derecho de defensa, donde se determine la responsabilidad de los acusados”, expresó la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca.
El planteo fiscal deberá ser evaluado en las siguientes etapas del proceso. Los nueve años de prisión constituyen una pena solicitada por la acusación y no una condena: la responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse en el juicio correspondiente.







