La diputada provincial socialista Rosana Bellatti salió al cruce del proyecto de ley impulsado por la senadora nacional Carolina Losada que propone endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra niños, niñas y adolescentes. La legisladora advirtió que la iniciativa “desalienta las denuncias, pone bajo sospecha a las víctimas y termina beneficiando a violentos y abusadores”.
En ese sentido, Bellatti remarcó que las falsas denuncias “ya están contempladas como delito en el Código Penal” y cuestionó que se busque una reforma focalizada en quienes denuncian hechos de violencia. “No hay evidencia de que las falsas denuncias sean un problema masivo. Lo que sí existe es un enorme subregistro de violencias que nunca llegan a denunciarse”, afirmó.
Además, sostuvo que “menos del 1% de las condenas por violencia y abuso corresponden a denuncias falsas”, y alertó sobre el efecto que podría generar el endurecimiento de penas: “Denunciar ya implica atravesar miedo, vergüenza, dependencia económica y, muchas veces, falta de respuestas del Estado. Si encima se instala la amenaza de castigo, el mensaje es claro: mejor callarse”.
La diputada también diferenció las denuncias falsas de las dificultades probatorias propias de este tipo de delitos. “Son hechos que suelen ocurrir en la intimidad, sin testigos, y eso no significa que no hayan existido. Que una causa no llegue a condena no convierte automáticamente a una víctima en mentirosa”, explicó.
En esa línea, marcó una contradicción con otras normativas vigentes y recordó la Ley Lucio, que establece la obligación de denunciar ante cualquier indicio de violencia o abuso contra niños, niñas y adolescentes. “No puede ser que primero se le exija a la sociedad que denuncie para prevenir situaciones graves y después se genere miedo a hacerlo por la posibilidad de terminar acusado de falsa denuncia si la causa no prospera”, planteó.
El proyecto de Losada -que ya obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado- propone elevar las penas actuales, que van de dos meses a un año de prisión, a un rango de uno a tres años, además de incorporar agravantes específicos cuando la denuncia involucre violencia de género o delitos contra menores. En esos casos, las penas podrían escalar de tres a seis años de prisión.
Para Bellatti, la propuesta “refuerza un prejuicio histórico sobre las mujeres: la idea de que mienten”. Y concluyó: “Cuando se pone el foco en sospechar de quien denuncia y no en investigar los hechos, lo que se produce es más silencio e impunidad. Lo que falta no son más penas, sino una Justicia que funcione, con investigación seria, protección real para las víctimas y procesos rápidos”.