El gremio Amsafe General López presentó una denuncia formal por un presunto caso de discriminación en la Escuela Especial N°2112 de Venado Tuerto, donde -según indicaron- una docente con baja visión habría sido apartada de su derecho a trabajar pese a estar correctamente escalafonada.
La presentación fue realizada en mesa de entrada de la sede de la Regional de Educación por la titular de la Delegación, Silvia Buzzi, junto al abogado Marcelo Lesgard, quienes impulsaron el reclamo formal ante las autoridades educativas.
En declaraciones a Radio Jota, Buzzi explicó que el caso lleva más de nueve meses sin respuesta y apuntó contra la directora del establecimiento y la supervisora de Educación Especial por haber tomado una decisión “arbitraria” basada en una normativa que -según sostuvo- no corresponde para este tipo de cargos.
“Se ofreció un cargo de psicóloga en la escuela, ella estaba primera en el escalafón, pero al momento del ofrecimiento le dijeron que no podía tomarlo”, detalló. Entre los argumentos esgrimidos, mencionó supuestas dificultades para realizar tareas de inclusión en otras instituciones y una incompatibilidad laboral que, según Amsafe, no aplica en este caso.
La dirigente sindical remarcó además el perfil de la docente afectada, Brenis Cejas, ampliamente conocida en la ciudad por su trabajo en la enseñanza de braille, la promoción del bastón verde y su labor solidaria con pacientes oncológicos. “Es una persona muy reconocida en la comunidad y está siendo discriminada arbitrariamente en una escuela especial”, afirmó.
Por su parte, el abogado de Amsafe General López, Marcelo Lesgard, sostuvo que la denuncia se apoya en “indicios claros de discriminación” vinculados a la condición de baja visión de la docente. “Se han invocado una serie de artículos que, para nosotros, encubren la verdadera razón por la cual no se le da el cargo”, indicó.
Además, explicó que en este tipo de casos rige el principio de “carga dinámica de la prueba”, por lo que corresponde a la administración demostrar que no hubo discriminación. En ese sentido, solicitó que la Delegación Regional investigue y haga cesar la situación convocando a las autoridades de la escuela.
Lesgard también advirtió que, en caso de no haber respuesta, podrían avanzar por otras vías legales, como la prevista en la ley provincial 14.371 de violencia laboral, vigente desde 2024, o en el marco de la ley nacional antidiscriminatoria 23.592 y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
“El marco legal es claro: no vemos por qué no se puede cumplir en un establecimiento escolar de Venado Tuerto”, remarcó.
Desde el gremio insistieron en que el Ministerio de Educación debe garantizar condiciones de igualdad e inclusión para sus trabajadores. “Si se promueven políticas inclusivas, el propio Estado tiene que ser el primero en aplicarlas”, concluyó Buzzi.
El caso abre interrogantes sobre la aplicación efectiva de las políticas de inclusión en el ámbito educativo, especialmente en instituciones vinculadas a la educación especial, donde este tipo de situaciones adquieren una mayor sensibilidad.