La Delegación General López de Amsafe expresó su “vergüenza ajena” ante el reciente fallo del juez de Cámara Tomás Orso, que declaró prescripta la causa por estafa y administración fraudulenta en la que estaban imputados los exdirigentes gremiales Alberto Maurino y Leandro Gonzalo.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el gremio docente manifestó su indignación por una resolución que, según remarcaron, repite los argumentos ya utilizados por el mismo magistrado en la denominada Megaestafa Inmobiliaria II, en la cual también declaró extinguida la acción penal. “El juez Orso sobreseyó (no absolvió) a los imputados por considerar que han prescripto los plazos. Los delitos eran de administración fraudulenta y estafa”, señala el texto.
La delegación local recordó que el propio juez, en su fallo, pidió disculpas “en nombre del Poder Judicial” y habló de una “baja calidad institucional por parte de la justicia”. En ese sentido, Amsafe General López expresó: “Vergüenza ajena”.
El comunicado también cuestiona duramente a la comisión directiva provincial de Amsafe, a la que responsabiliza por no haberse presentado como querellante en la causa, pese a las reiteradas solicitudes de la seccional del sur santafesino. “Fue llamada numerosas veces para que se presentara como querellante damnificada y también fue citada por la Justicia, pero nunca vino. Otro hubiera sido el proceso si los responsables provinciales del sindicato hubieran actuado. Lamentablemente no fue así”, sostiene el documento.
Finalmente, la seccional expresó su expectativa de que el fallo sea apelado: “Tenemos confianza en que la resolución será recurrida por la fiscalía en los próximos días ante la Corte Suprema de la Provincia”, concluye el comunicado firmado por la conducción departamental.
El fallo de Orso —que declaró prescripta la acción penal— dejó sin efecto el proceso contra Maurino y Gonzalo, aunque la discusión jurídica sobre la validez de ese criterio sigue abierta. Tal como ocurrió con la Megaestafa Inmobiliaria II, se espera que la decisión será revisada por la Corte Suprema santafesina, que deberá definir si la audiencia imputativa interrumpe o no los plazos de prescripción penal. Claro, antes el fiscal del caso, Damián Casullo, deberá presentar el recurso de inconstitucionalidad correspondiente.