La delegación General López del gremio docente Amsafe emitió un comunicado donde advierte que se está poniendo en riesgo la continuidad del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y por ende el financiamiento para la educación pública en la provincia de Santa Fe, a partir de un proyecto de ley que se encuentra en debate en la Legislatura.
A partir de la reciente reforma de la Constitución Provincial, una de las normativas más importantes que debe sancionar el Poder Legislativo es la nueva Ley Orgánica de Municipios. El Ejecutivo ya envió su propio proyecto, que está empezando a ser debatido en las comisiones y aún no tiene fecha para su tratamiento, pero hay un punto que genera preocupación en el ámbito educativo, que es la eliminación del FAE.
La diputada justicialista Celia Arena fue la primera en advertir que, en caso de avanzar esa propuesta, se elimina toda referencia al FAE, ya sea por omisión o en forma deliberada. Actualmente, el artículo 13 de la vigente Ley Orgánica de Municipios establece que los municipios y comunas deben destinar “el 10% como mínimo de sus rentas anuales al Fondo de Asistencia Educativa y a la promoción de actividades culturales”, haciendo además responsable personalmente al intendente por el incumplimiento de esta obligación.
Ante esta situación, desde Amsafe denuncian que “el proyecto que busca reformar la Ley 2.756 atenta contra el corazón del financiamiento educativo de la provincia de Santa Fe”, porque al eliminar el piso obligatorio del 10 por ciento de las rentas municipales para el FAE, “se otorga a los intendentes el poder discrecional de decidir cuánto -o si- se invierte en educación”, señalan.
Desde el gremio docente indican que esta situación “despojaría a las escuelas de recursos vitales para mantenimiento y equipamiento, permitiendo que el dinero se desvíe a otros fines bajo la excusa de la emergencia económica”.
Así, “sin un monto legalmente exigible, la fiscalización de las cooperadoras queda anulada y las escuelas quedan desamparadas”, por eso desde Amsafe enfatizan que “rechazamos esta reforma que profundiza la desigualdad y fragmenta el sistema educativo”.
Para finalizar, exigen que “se garantice el financiamiento escolar”, convocando a todos los actores sociales a “manifestar su rechazo” a esta propuesta y exigiendo que se frene “el ajuste en la educación pública”.