Integrantes de la agrupación justicialista Hacemos Nuestra Ciudad informaron que están dispuestos a iniciar acciones legales contra la reforma previsional sancionada la semana pasada en la Legislatura provincial por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, entendiendo que genera “efectos sociales negativos”.
A través de una convocatoria realizada en el local partidario de calle Moreno, Martín Urquiza señaló: “Nos preocupa cómo va a afectar este sistema propuesto, no sólo a los trabajadores, sino también a los jubilados que como todos sabemos son el eslabón más débil en esta cadena de aprietes propuesta por el gobierno”.
En esa línea, explicó que se cuestiona la “validez” de esta ley, dado que “no surgió del debate y análisis de los representantes de las distintas fuerzas políticas que conforman la Legislatura, sino de una confusa y desprolija votación, que dejó más dudas que certezas”.
El dirigente contó que se analizaron diferentes herramientas legales “para poder apoyar a quienes sienten que este gobierno ataca su bolsillo y sus derechos. Hoy el gobernador Pullaro, amparado por una mayoría legislativa, pretende robar lo que aportaron durante 30 o más años con sacrificio”.
Por eso, desde Hacemos Nuestra Ciudad convocaron a “más actores, sobre todos los jóvenes, a no abandonar a nuestros padres, a nuestros abuelos, hoy angustiados y asfixiados por las políticas nacionales. Desde nuestro espacio ratificamos nuestro apoyo a los justos reclamos de los docentes, del servicio de salud, de las fuerzas de seguridad, porque no vemos cuál será el beneficio a futuro que tendrán estos sectores”, agregó Urquiza.
Por su parte, Janina Ferreyra dio detalles de las herramientas legales a las que considera adecuado recurrir: “Decidimos iniciar acciones legales por la afectación de derechos colectivos y constitucionales que encierra esta reforma. Se solicitará la admisión de la figura de Amicus Curiae (amigos del Tribunal) a los efectos de manifestar y opinar sobre la grave e ilegal afectación de derechos y principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico”.
Luego agregó: “Este mecanismo de participación no busca beneficios económicos, ni genera costas en el proceso judicial. Simplemente es una forma de participación democrática prevista en nuestro ordenamiento jurídico”.
Y completó agregando que se está trabajando en el escrito para pedir la admisión de esta figura, entendiendo que “no sólo estamos ante la afectación de derechos de los destinatarios de esta ley, sino que se está avanzando sobre los principios rectores de toda norma, como son la legalidad, razonabilidad y progresividad que esencialmente tienen que ver con los principios sociales y previsionales”, completó la abogada.