En la mañana de hoy viernes se realizó en la sala de audiencias de los Tribunales de Venado Tuerto una audiencia en la que el Ministerio Público de la Acusación solicitó la suspensión del procedimiento a prueba en una causa por acoso sexual, iniciada a partir de la denuncia de una alumna contra un docente universitario.
El planteo fue formulado por la fiscal del MPA Mayra Vuletic, en contra de docente venadense de 47 años cuya iniciales son E.J.R., y contó con la conformidad expresa del imputado y de su abogado defensor, Rodrigo Humberto Boyeras. La audiencia se desarrolló ante un juez de la Investigación Penal Preparatoria, Leandro Martín, quien quedó en condiciones de resolver sobre la procedencia del acuerdo.
Según lo expuesto por la Fiscalía, el hecho investigado ocurrió el 3 de julio de 2025, alrededor de las 8.30, en un aula de una facultad con sede en Venado Tuerto. De acuerdo con la imputación, el docente habría hostigado a una estudiante de 21 años mediante manifestaciones reiteradas de connotación sexual, aprovechando su situación de jerarquía académica en el marco de una instancia de evaluación individual.
Siempre conforme a la acusación fiscal, el imputado se habría acercado físicamente a la joven, colocándole una mano en el hombro y realizándole comentarios de índole sexual. Posteriormente, habría cerrado la puerta del aula, le preguntó si podía “robarle un beso” y, sin mediar consentimiento, la besó en el cachete.
El hecho fue calificado legalmente como acoso sexual, previsto en el artículo 84 de la Ley provincial N.º 13.774, en carácter de autor (artículo 45 del Código Penal). Desde la Fiscalía se señaló que la escala penal prevista para esta contravención contempla una pena privativa de libertad inferior a los tres años, lo que habilita la posibilidad de una condena de ejecución condicional y, en consecuencia, la aplicación de una salida alternativa como la suspensión del proceso a prueba, conforme a lo establecido en el artículo 76 bis del Código Penal y el artículo 24 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
En ese marco, el Ministerio Público solicitó que la suspensión del proceso a prueba se establezca por el plazo de doce meses, contados desde su eventual otorgamiento, y bajo el cumplimiento de una serie de reglas de conducta estrictas. Entre ellas se encuentran la obligación del imputado de someterse al proceso y fijar domicilio, la presentación mensual ante la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, y el sometimiento a controles periódicos.
Asimismo, se dispuso la prohibición absoluta de acercamiento y de contacto con la víctima, que incluye tanto a su persona como a los lugares donde reside, estudia o trabaja, así como también a su grupo familiar. La propuesta contempla además la obligación de mantener buena conducta, abstenerse del consumo de estupefacientes y de bebidas alcohólicas en exceso, la prohibición de portar armas de fuego y la inhabilitación para ejercer la docencia durante todo el período de la medida, uno de los puntos centrales del acuerdo.
Como reparación económica, la Fiscalía propuso que el imputado entregue la suma de 100 mil pesos, monto que deberá ser destinado al Hogar San José de la ciudad de Venado Tuerto. A la vez se le impuso una multa de $1.200.000.
Durante la audiencia, el imputado manifestó su conformidad voluntaria, libre y expresa con todos los términos del acuerdo, al igual que su defensa técnica. El Ministerio Público sostuvo que la medida propuesta permite dar una respuesta penal al conflicto, fijar límites claros de conducta y evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza.
El juez interviniente deberá ahora evaluar si acepta la suspensión del proceso a prueba solicitada. En caso de ser otorgada, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas podría derivar en la revocación del beneficio y la continuación del proceso penal.