Luego del megaoperativo realizado el pasado lunes en Venado Tuerto y la región, la investigación judicial tendrá su próximo capítulo clave el jueves, cuando se lleve adelante (en horario a confirmar) la audiencia imputativa y cautelar contra los dos detenidos en el marco de la causa.
Se trata de J.K. (72 años) y E. A. (47 años), quienes serán formalmente acusados por la Justicia provincial y que actualmente permanecen detenidos en la Alcaidía de Melincué. Según diversas fuentes judiciales, tras la audiencia ambos podrían recuperar la libertad, ya que las imputaciones previstas, en principio, corresponden a delitos excarcelables.
De acuerdo a lo anticipado por el fiscal del caso, Iván Raposo, a ambos se les imputará el delito de comercialización de estupefacientes en grado de partícipe secundario, figura prevista en la Ley 23.737. Esta calificación alcanza a quienes colaboran de manera no esencial en la actividad ilícita, con conocimiento de que su accionar favorece la comercialización de drogas. La pena prevista es menor a dos años, lo que habilita la posibilidad de transitar el proceso en libertad.
No obstante, la situación de J.K. podría complejizarse en el ámbito provincial. Durante los allanamientos realizados en su propiedad se secuestraron armas de fuego largas y cortas de distintos calibres, junto con municiones y cartuchería variada. En la mayoría de los casos, no contaría con la autorización correspondiente o esta se encontraría vencida.
En ese sentido, podría caberle una imputación adicional en función del artículo 189 bis del Código Penal argentino, que sanciona la tenencia ilegal de armas con penas que van desde los seis meses a dos años para armas de uso civil, y de tres a seis años en el caso de armas de guerra, agravándose en situaciones de acopio.
Por el momento, su situación procesal se encuentra exclusivamente bajo la órbita de la Justicia provincial, ya que la Fiscalía Federal no intervino en el allanamiento de su vivienda ni lo tiene, hasta ahora, como parte de su investigación.
En el caso de E. A., si bien la imputación inicial sería la misma, su escenario judicial aparece más comprometido. Esto se debe a que el negocio que encabeza junto a familiares fue el único que resultó allanado de manera conjunta por la Justicia provincial y federal, lo que abre la puerta a una investigación de mayor alcance.
En ese marco, no se descarta que la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi avance con otras líneas investigativas. De hecho, la funcionaria adelantó que la empresa vinculada (dedicada a turismo y cambio) también está siendo analizada por presuntas maniobras de comercialización de cereal en negro, lo que podría encuadrarse en delitos de evasión fiscal bajo el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
A su vez, en el plano federal, la situación podría escalar hacia figuras más graves como el lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, que prevé penas de entre tres y diez años de prisión para quienes busquen dar apariencia lícita a bienes de origen ilegal.
De todos modos, desde la Fiscalía Federal no se precisó si estas hipótesis recaen directamente sobre el detenido o sobre otros integrantes del grupo familiar que forman parte de la firma investigada.
El contexto del megaoperativo
El avance de la causa se da tras un amplio despliegue judicial y policial realizado en Venado Tuerto y la región, en el marco de una investigación por narcotráfico que llevan adelante de manera coordinada la Justicia Federal y la Provincial.
Los procedimientos (20 en total) fueron ordenados por el juez federal Aurelio Cuello Murúa (16) y el juez provincial Leandro Martín (cuatro), y ejecutados en coordinación entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La investigación federal está encabezada por el fiscal Federico Reynares Solari, con la participación de la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorziy la auxiliar fiscal Rocío Estrada.
Según se informó oficialmente, los allanamientos se concretaron en domicilios de Venado Tuerto (entre ellos la casa de cambio donde se sospecha que la banda realizaba operaciones con dólares) y también en la ciudad de Rosario. A su vez, el operativo se extendió a 11 celdas ubicadas en distintas unidades penitenciarias: Piñero, Coronda, Rosario, la Alcaidía de Melincué y el nuevo Complejo Penitenciario Federal de Coronda.
En paralelo, la Unidad de Microtráfico del MPA llevó adelante otros cuatro allanamientos vinculados a la misma causa, que culminaron con la detención de dos empresarios locales.
De acuerdo a los datos difundidos, la pesquisa apunta a una organización narcocriminal integrada por al menos 17 personas, en su mayoría oriundas de Venado Tuerto. Un dato relevante es que 11 de los presuntos integrantes ya se encuentran detenidos y cumpliendo condenas por delitos vinculados a estupefacientes y otros hechos graves, lo que refuerza la hipótesis de una estructura que operaba incluso desde lugares de encierro.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron teléfonos celulares, documentación y vehículos, elementos que ahora serán peritados con el objetivo de profundizar la investigación y determinar las responsabilidades penales de los implicados.
Desde la Fiscalía Federal indicaron que, por el momento, no se brindarán mayores precisiones sobre la causa debido a que rige el secreto de sumario, una medida habitual en este tipo de investigaciones complejas que busca preservar el avance del proceso judicial.
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