Este jueves comenzó en los tribunales de Santa Fe el juicio oral y público contra los exjefes de la Policía provincial, Rafael Grau y Omar Odriozola, acusados de liderar una asociación ilícita destinada a cometer maniobras fraudulentas con fondos públicos, específicamente en la compra y reparación de móviles policiales. El proceso judicial, que se extenderá hasta el 19 de junio, tiene en vilo a una parte importante del aparato de seguridad provincial, no sólo por la jerarquía de los acusados, sino también por el contexto en que se gestó la investigación: fue iniciada en 2016 tras una denuncia del actual gobernador Maximiliano Pullaro, cuando aún se desempeñaba como ministro de Seguridad.
Uno de los protagonistas del proceso, Rafael Grau, tiene un fuerte vínculo con nuestra región. Fue designado a fines de diciembre de 2014 como Jefe de la Región 5 de la Policía de Santa Fe, con sede en el Nodo Venado Tuerto. Su paso por la ciudad no pasó desapercibido: durante su gestión tuvo un rol muy visible en el manejo de la crisis institucional y social que provocó el asesinato del adolescente Kevin Monserrate en febrero de 2015, un hecho que conmocionó a la comunidad y generó multitudinarias protestas. Grau fue, en aquellos días, la cara visible de la conducción policial, en medio de fuertes tensiones entre vecinos, familiares de la víctima y fuerzas de seguridad.
Hoy, una década después, el mismo excomisario enfrenta cargos que podrían derivar en una pena de hasta nueve años de prisión. La acusación, sostenida por la Fiscalía de Delitos Complejos y Violencia Institucional, lo sindica como uno de los jefes de una estructura delictiva enquistada en el Departamento de Logística de la Policía (D4), desde donde se habrían simulado compras y arreglos de patrulleros mediante facturaciones falsas y connivencia con talleres y comercios de repuestos.
Durante el allanamiento al D4 en 2016 se secuestró documentación clave que permitió identificar un lavadero de autos que facturaba como si fuera un taller mecánico, y se detectaron operaciones irregulares con comercios locales. A lo largo de la investigación se identificaron numerosos implicados: contadores del Ministerio de Seguridad, habilitados y responsables logísticos. Todos, salvo Grau y Odriozola, optaron por salidas alternativas como la probation o juicios abreviados.
El juicio, presidido por los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Martín Torres, se desarrollará en la sala 6 de los tribunales santafesinos. Las audiencias están programadas de lunes a viernes, entre las 8 y las 14:30. En la jornada inaugural está previsto que declare el gobernador Pullaro, pieza clave en el origen de la causa.
Grau y Odriozola estarán representados por las defensoras públicas Virginia Balanda e Ileana Echaniz. Ambos niegan los cargos y decidieron llegar al juicio, rechazando las instancias abreviadas que aceptaron otros imputados.
El proceso no sólo buscará esclarecer responsabilidades penales, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Estado santafesino para sancionar eventuales prácticas de corrupción dentro de sus propias fuerzas de seguridad, en un contexto en que la transparencia institucional se convirtió en bandera política y demanda ciudadana. Desde Venado Tuerto, la mirada sobre Grau vuelve a cobrar actualidad, aunque en un escenario muy distinto al de su última aparición pública en la ciudad.