Un tribunal de segunda instancia confirmó por unanimidad las condenas contra los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, hallados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer defraudaciones contra la administración pública vinculadas a la reparación de vehículos oficiales. Cabe destacar que Grau tuvo con un recordado y controvertido paso por Venado Tuerto, donde estuvo al frente de la Región 5 en un contexto de fuerte crisis institucional provocada por el asesinato del adolescente Kevin Monserrate en febrero de 2015.
La resolución fue adoptada por los camaristas Fernando Gentile Bersano (presidente), Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri, luego de una audiencia de apelación realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Ambos exfuncionarios deberán cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el término de diez años y deberán afrontar el pago de una multa.
El Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, quienes ya habían intervenido en el juicio oral y público de primera instancia que culminó en junio de este año con el veredicto condenatorio.
Según explicaron los fiscales, las defensas de Grau y Odriozola habían solicitado la absolución, la nulidad de diversas pruebas e incluso, en el caso de Grau, la prescripción de la acción penal y su sobreseimiento. Todos esos planteos fueron rechazados por el tribunal de alzada, que ratificó íntegramente la sentencia y las inhabilitaciones impuestas.
Desde el MPA remarcaron además que el fallo constituye “un precedente de gran trascendencia en materia de corrupción institucional”, ya que los condenados ocupaban el máximo cargo dentro de la fuerza policial provincial al momento de los hechos investigados. No obstante, indicaron que se encuentran analizando los fundamentos de la resolución para evaluar los pasos a seguir en relación con la reparación económica del daño ocasionado al Estado.
Las maniobras
De acuerdo a lo acreditado en el proceso judicial, Odriozola cometió los delitos entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau lo hizo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Ambos se valieron de su jerarquía para dirigir una asociación ilícita que operaba en el área de logística de la Policía.
Las maniobras consistían en la facturación de reparaciones de móviles policiales que no se realizaban y en la simulación de compras de repuestos que nunca se adquirían. En ese marco, los exjefes firmaron cheques, avalaron facturas y aprobaron rendiciones de cuentas que permitieron disposiciones patrimoniales ilegítimas en perjuicio de la administración pública.
Por estos hechos, fueron condenados como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones contra el Estado. El legajo, además, fue encuadrado dentro de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.
El vínculo con Venado Tuerto
La confirmación de la condena vuelve a poner en primer plano la figura de Rafael Grau en Venado Tuerto y la región. El excomisario fue designado a fines de 2014 como Jefe de la Región 5 de la Policía de Santa Fe, con sede en el Nodo Venado Tuerto, y tuvo una exposición pública significativa durante su gestión.
Su paso por la ciudad quedó especialmente marcado por la crisis institucional y social desatada tras el asesinato del adolescente Kevin Monserrate en febrero de 2015. En aquellos días, Grau fue la cara visible de la conducción policial en medio de multitudinarias protestas, reclamos vecinales y un fuerte cuestionamiento al accionar de las fuerzas de seguridad.
A casi una década de aquellos episodios, el exjefe policial vuelve a ser noticia, pero ahora por la confirmación de una condena penal que lo señala como uno de los máximos responsables de una estructura de corrupción enquistada en la cúpula de la fuerza. Un desenlace judicial que resignifica, desde otra perspectiva, su paso por Venado Tuerto y reaviva el debate sobre los controles y la transparencia dentro de las instituciones de seguridad provinciales.