El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe anunció un nuevo paro sin asistencia en los lugares de trabajo para mañana, miércoles 13 de noviembre, en defensa de la carrera judicial y la independencia del Poder Judicial. Esta medida, aprobada por amplia mayoría en asamblea, es un nuevo paso en la escalada del conflicto entre los empleados judiciales y la administración de Maximiliano Pullaro, luego de múltiples protestas y medidas de fuerza en las últimas semanas.
Antecedentes
La disputa entre el gobierno de Santa Fe y los trabajadores judiciales está en el centro del debate desde que el sindicato inició un plan de lucha para exigir, además de los pagos retroactivos adeudados, la firma de decretos que habiliten ingresos, ascensos y nombramientos.
El conflicto adquirió mayor visibilidad el 31 de octubre, con un paro total en los tribunales y una masiva movilización al Centro de Justicia Penal, en donde los trabajadores judiciales expresaron su rechazo a la falta de respuestas concretas a sus reclamos. La Corte Suprema de Santa Fe se vio obligada a suspender términos procesales y audiencias en toda la provincia para mitigar los efectos de la protesta sobre el sistema judicial. Posteriormente, el miércoles 6 de noviembre, el sindicato llevó a cabo un paro con asistencia de cuatro horas por turno, y al día siguiente realizó un paro total sin asistencia en todos los lugares de trabajo.
El impacto del paro
Con la adhesión de trabajadores de tribunales, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, el paro de mañana se prevé que paralizará nuevamente gran parte de la actividad judicial en Santa Fe. Los reclamos del sindicato, además del pago total de retroactivos, incluyen la firma urgente de decretos que garantizan ascensos, promociones y cobertura de cargos.
Los judiciales sostienen que la inacción del Ejecutivo provincial en relación con estos puntos afecta gravemente la estructura de la carrera judicial, con implicancias no solo en el plano laboral, sino en la independencia y el normal funcionamiento del Poder Judicial. En un comunicado reciente, la Comisión Directiva del sindicato instó al Ejecutivo a cumplir los compromisos asumidos en diálogo con el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, y el ministro de Economía, Pablo Olivares.
Además de los reclamos puntuales sobre ascensos y pagos adeudados, el conflicto se enmarca en una percepción general de deterioro de las condiciones laborales. La reforma jubilatoria impulsada por la administración Pullaro, que aumenta los requisitos de edad y aportes, es un punto especialmente sensible y fue recibida como una regresión en derechos adquiridos por el sector.
A medida que el conflicto se extiende, las posibilidades de una resolución rápida parecen cada vez más distantes. Con cada nuevo paro y movilización, el impacto en el funcionamiento de la Justicia es mayor, afectado el desarrollo de audiencias y generando demoras procesales en toda la provincia. La falta de una respuesta integral por parte del Ejecutivo, que contempla tanto los reclamos salariales como las laborales, mantiene el conflicto en un punto crítico.