La Cámara de Diputados de Santa Fe rechazó ayer y archivó la ley de emergencia solicitada por el gobernador Omar Perotti, que el viernes pasado había recibido media sanción del Senado provincial. No obstante el mal trago para el oficialismo, el cuerpo avaló la reforma tributaria impulsada por la Casa Gris, que contempla subas del inmobiliario, ingresos brutos y sellos, entre otros.
Era lo que se esperaba. Aunque ambas iniciativas tenían media sanción del Senado, a diferencia de que en Diputados el PJ no tiene mayoría y es el Frente Progresista (FPCyS) el que tiene el peso de los números.
La iniciativa contenía la declaración de un total de ocho emergencias, entre las que se encuentra la económica y de seguridad y que fueron en los últimos imán de la polémica. Y cosechó la negativa de la oposición, pese al reclamo del PJ de enviarla a comisiones.
Las bancadas del Frente Progresista, Cambiemos y Somos Vida sumaron 30 votos en contra. Los votos favorables fueron once (siete del PJ, tres de Unite y uno del Frente Social y Popular) y hubo tres abstenciones (Agustina Donet y Rubén Giustiniani, de Igualdad y Participación, y Ariel Bermúdez, de Creo). Cinco diputados estuvieron ausentes.
Tres horas de debate enterraron la pretendida declaración de emergencia social, alimentaria, económica, financiera, fiscal, sanitaria, en contrataciones y en seguridad con la que la administración de Perotti esperaba dar respuesta a las demandas “urgentes” sin demorarse en las regulaciones vigentes en materia de gastos, inversiones o contrataciones por parte del Estado.
Luego, con más rapidez pero con momentos no menos picantes, se aprobó la ley impositiva por 33 votos afirmativos y ocho negativos. La iniciativa permitirá al gobierno incrementar el inmobiliario rural entre 10 y el 40 por ciento, según el rango del contribuyente, y el urbano entre el 10 y el 44 por ciento (según el rango).
También respeta las actuales alícuotas en ingresos brutos y se aumenta el gravamen al 7 por ciento para bancos y financieras, excepto cooperativas, entidades chicas y el Municipal de Rosario. También está previsto aplicar un 2 por ciento a las industrias cerealeras y oleaginosas.
La reacción en la Casa Gris fue inmediata. Incluso, el vocero del gobierno, Leonardo Ricciardino, había desmentido desde su cuenta oficial en Twitter el cronograma de sueldos que uno de los gremios de empleados públicos (/ATE) había difundido a la mañana.
En el transcurso del propio trámite legislativo, que terminó cerca de las 21, diputados de la oposición le respondieron a Ricciardino, a quien nombraron en al menos dos oportunidades. Maximiliano Pullaro, cuando se trató la reforma tributaria, recriminó al gobernador que “no habla y lo hace a través de un vocero, cuando lo que tienen que hacer es ponerse a gobernar y no hacer terrorismo mediático”.
“Digo esto porque hace un rato me avisan de una radio en la que el vocero del gobernador ponía en duda el pago de los sueldos porque estaban esperando la sanción definitiva de la ley de emergencia. Tienen las herramientas financieras, económicas, fiscales y un Estado fuerte y ordenado para poder llevar adelante una acción de gobierno”, añadió.
Pullaro estuvo durante todo el trámite en el centro de las miradas. Los énfasis de los largos discursos de peronistas y aliados incluyeron la pregunta de si “alguien en esta sala puede afirmar con seriedad que no hay emergencia en seguridad en la provincia”, como desafió Oscar Martínez, luego de recriminar que el único diputado nacional del socialismo, Enrique Estévez, aprobara hace pocos días la emergencia nacional al gobierno de Alberto Fernández.
El peronista Leandro Busatto expresó “preocupación, no solamente por la falta de colaboración legislativa sino por el aislamiento que está teniendo el bloque mayoritario”. Y agregó: “Nos preocupa la no entrega de herramientas esenciales para el gobernador en un momento de mucha crisis. Y que tengamos que estar prácticamente mendigando apoyo legislativo sobre algunos temas concretos”.
Al debate lo había iniciado por la bancada mayoritaria el socialista Pablo Farías, quien se extendió en aseverar lo muy “dispuesto que está el Frente Progresista en asistir al gobierno y ayudarlo en cuestiones concretas”. Y dejó en claro que la emergencia no les parecía necesaria, menos cuando iban a aprobar poco después una suba de impuestos.
“El mensaje del Ejecutivo adolece de un montón de faltantes, fallas. No sólo la técnica, legislativa, sino la que se trata de expresar a través de una declaración de emergencia”, criticó Farías. Pero Busatto retrucó: “Lamentamos que esta Legislatura haya tenido una visión sesgada y elija posicionarse políticamente como oposición, en vez de colaborar con una emergencia que realmente es necesaria para todos los santafesinos”.
Por eso, con una intervención de Bermúdez, se intentó otra estrategia. Hizo una moción de orden (un recurso que tienen los diputados): enviar el proyecto, tal cual fue remitido desde el Senado, a comisiones para que se tratara luego (enero o febrero). De ese modo, se evitaba el rechazo que entierra una ley por un período.
Es verdad que se trata de un período extraordinario de sesiones y que el Ejecutivo puede insistir. Y eso puede hacer Perotti. Con eso han amenazado funcionarios de su gobierno, pero el costo por cada rechazo lo paga su gestión. En cambio, enviar la cuestión a comisiones y darse más tiempo para lograr consensos era salvar el proyecto, o lo que se pudiera del mismo.
De hecho, algunos legisladores dijeron estar dispuestos a seguir a Bermúdez. Pero no alcanzó. Cuando se votó su moción, perdió. Luego llegó el turno de la ley de emergencia y fue inhumada en el archivo.
Fuente: La Capital