El Gobierno provincial respaldó la baja de la edad de imputabilidad y afirmó que la provincia ya cuenta con infraestructura y recursos para implementar la nueva normativa. La postura santafesina contrasta con la decisión de la Justicia bonaerense, que suspendió por 60 días su aplicación por falta de capacidad del sistema.
El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigor en todo el país el pasado 5 de septiembre y marcó un hito en materia de responsabilidad penal para adolescentes. Mientras en la provincia de Buenos Aires la Justicia dispuso una suspensión preventiva de 60 días, en Santa Fe el Gobierno provincial aseguró que el sistema está en condiciones de afrontar las nuevas disposiciones.
La postura fue planteada este martes por la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, quien ratificó el respaldo de la administración de Maximiliano Pullaro a la reducción de la edad de imputabilidad y sostuvo que la provincia venía preparándose para la entrada en vigencia de la normativa.
“Se terminó la impunidad. A partir de ahora, el delito de adulto tiene pena de adulto”, afirmó Coudannes, y remarcó que el gobernador Pullaro “desde un primer momento fue muy específico y tajante” en su postura favorable a la baja de la edad de imputabilidad.
El nuevo régimen incorpora al sistema penal a adolescentes desde los 14 años para determinados delitos y establece nuevas condiciones para su abordaje judicial.
“No empezamos de cero”
Uno de los principales argumentos del Gobierno santafesino para diferenciar la situación provincial de la bonaerense es la infraestructura disponible.
Según explicó Coudannes, Santa Fe “ya estaba preparada” para la entrada en vigencia del régimen y no fue necesario crear nuevas estructuras específicas para afrontar el cambio normativo.
“Todo lo que es estructura, infraestructura, oficinas, no tuvimos que generar nada; ni cargos ni recursos humanos nuevos. Ya estábamos listos”, aseguró.
La funcionaria destacó además que la provincia ya contaba con experiencia en el abordaje de adolescentes institucionalizados, por lo que consideró que la implementación de la nueva normativa no implica comenzar desde cero.
La estrategia del Gobierno provincial, sostuvo, combina la aplicación del nuevo régimen con una política de seguridad más amplia, que incluye inversión en infraestructura penitenciaria y policial, prevención e investigación del delito.
“La decisión de este Gobierno provincial es muy clara: por dentro de la ley todo, por fuera de la ley absolutamente nada”, planteó Coudannes.
El contraste con Buenos Aires
La posición santafesina adquiere particular relevancia tras la decisión adoptada este lunes por la Justicia bonaerense.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dispuso suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.
La resolución surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y tuvo como uno de sus principales fundamentos la capacidad del sistema para absorber un eventual aumento de adolescentes sometidos a procesos penales y privados de su libertad.
La magistrada puso bajo análisis la disponibilidad de infraestructura, recursos materiales, condiciones edilicias, profesionales e institucionales necesarias para afrontar el nuevo escenario.
La decisión no implica dejar sin efecto la ley nacional, sino establecer un período de evaluación ante la posibilidad de que su aplicación derive en una vulneración de derechos fundamentales.
Ese planteamiento marca una diferencia sustancial con el diagnóstico realizado por el Gobierno de Santa Fe: mientras en Buenos Aires la Justicia considera que existen dudas sobre la capacidad del sistema para afrontar la nueva demanda, la administración santafesina sostiene que esa estructura ya está disponible.
Los primeros casos en Santa Fe
Coudannes también dio cuenta de los primeros casos registrados en la provincia desde la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Uno de ellos corresponde a un adolescente de 14 años de San Lorenzo, involucrado en una causa por robo calificado. Según informó la vocera, la audiencia se realizó el lunes y la Justicia resolvió que el menor permanezca en libertad bajo determinadas medidas.
El segundo caso corresponde a un adolescente de 15 años de Rosario, investigado por un hecho de abuso de armas. En este caso, la Fiscalía desestimó la imputación y ordenó su libertad.
Ambos episodios muestran, al menos en estos primeros días, que la entrada en vigencia del nuevo régimen no implica automáticamente el encarcelamiento de los adolescentes alcanzados por la normativa: las decisiones quedan sujetas al delito investigado, las circunstancias de cada caso y las resoluciones judiciales y fiscales correspondientes.