El exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, que es investigado por presunto espionaje ilegal mientras era titular de esa cartera, presentó ayer martes un hábeas corpus a través del cual solicita conocer si existe una orden de detención en su contra y tener precisiones sobre los procedimientos realizados en el Ministerio de Seguridad.
El pedido, al que hizo lugar el juez Carlos Leiva, fue realizado por Sain en virtud de los allanamientos por presunto espionaje por parte del extitular de la cartera de Seguridad a políticos, empresarios, gremialistas y periodistas, entre otros.
En su presentación, Sain denunció “severas irregularidades” en los procedimientos realizados en el Ministerio de Seguridad y pidió tener acceso a las imágenes de las cámaras.
En diálogo con LT10, Sain insistió con que a su entender los allanamientos “fueron irregulares” y sin nombrarlos sostuvo que había “medios que ya estaban publicando que había carpetas y materiales” mientras aún estaban los funcionarios Judiciales trabajando en el lugar.
Además, agregó que aparecieron “dirigentes de la oposición haciendo referencia al contenido de estas carpetas, que había seguimientos de periodistas, legisladores, de empresarios. Barbaridades que no resisten el más minimo análisis”.
En este contexto negó que había carpetas, y que lo que allanaron fueron tres oficina contiguas a la del ministro, que son de acceso público. “Se hizo sin orden judicial, sin testigo y se secuestraron bienes personales de funcionarios” reprochó.
También sostuvo que solicitaron “tener acceso al expediente, porque no sabemos lo que hay adentro”.
Sobre la renuncia de 15 funcionarios que llegaron con su gestión, aseguró que “todo ese equipo ya tenía preparada sus renuncias, pero el gobernador me hizo intermediar para solicitarle a los funcionarios que aguarden un poquito. Hace mucho tiempo que estaban esas 15 renuncias en una carpeta”.
En cuanto al motivo de ese último allanamiento y el llamado que advertía la destrucción de documentación, el exministro de Seguridad dijo que estaban “ordenando” una oficina, porque se iban del ministerio.
Sobre porqué su nombre es el que más resuena en esta investigación, pese a que hace ocho meses que no es más ministro, sostuvo que es “el vuelto de mis denuncias” ya que el Organismo de Investigación que solía liderar antes y después de ser ministro de Seguridad, “es el protagonista de grandes investigaciones en cuanto a tareas complejas en Santa Fe, participó en la causa Peiti, en la que está apuntado el senado Trasferri como miembro de la asociación ilícita, y participó en la investigación de casos renombrantes”.
Además señaló que fue él, cuando era ministro, quien realizó las denuncias sobre el caso Oldani, aunque las acusaciones respecto a las posibles vinculaciones del empresario de Turismo con dinero proveniente de recaudaciones de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I no fueron todavía confirmadas por falta de pruebas. También mencionó su denuncia respecto al financiamiento a los abogados del caso Casco donde afirman “que los abogados fueron pagados con fondos reservados durante la gestión Pullaro y están imputados sus funcionarios”.
“A mi me han publicado un audio privado, diciéndole a un jefe de policía que tenían que laburar. Yo no hablaba ni de los santafesinos ni santafesinas” afirmó sobre el mensaje de voz en el que hablaba de los santafesinos como pueblerinos.
“Si ustedes se fijan los policías no laburan. Le reclamaba a ese jefe que trabajen por lo menos 8 horas diarias, me pueden reprochar muchas cosas, no que no haya laburado” agregó al respecto.
Además, confesó que Santa Fe le resultaba inhóspita en cuanto “a su cultura política” ya que no nació “políticamente entrando a Santa Fe, tengo una historia (…) la verdad es que me moví como siempre, muy frontal y en Santa Fe eso no va, tendría que haber sido mucho más callado, lo que sí no concedo es el compromiso que tuve con el gobernador de cortar el vínculo entre política y delito”.
LT10