El fiscal Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), solicitó la prisión preventiva del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, imputado en tres causas penales por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Como el magistrado aún se encuentra en funciones, goza de inmunidad de arresto, por lo que el Ministerio Público pidió al Consejo de la Magistratura que acelere el proceso de remoción. Solo tras ser destituido podría efectivizarse su detención. Además, se solicitó que se lo aparte de todas las causas que tiene a su cargo y se pidió el embargo de bienes, entre ellos propiedades, un vehículo y una embarcación.
Velasco fundó el pedido de prisión preventiva ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, advirtiendo que el actual rol del magistrado implica riesgo de entorpecimiento probatorio. Mencionó como ejemplo un presunto “apriete” a una empleada judicial convocada a declarar en una de las causas.
Tres causas clave y una trama de vínculos oscuros
Las acusaciones contra Bailaque se centran en tres expedientes que exhiben una red de relaciones personales y decisiones judiciales presuntamente direccionadas para beneficiar a allegados, amigos e incluso al entorno de narcotraficantes.
La primera causa está vinculada a la investigación contra el narco rosarino Esteban Alvarado, condenado por instigar un homicidio. Bailaque no se excusó de intervenir en esa causa, a pesar de que su contador personal, Gabriel Mizzau, también asesoraba a empresas vinculadas a Alvarado y a su exesposa Rosa Capuano. Mizzau, junto a otro contador, Eduardo Semino, fue imputado por no haber reportado operaciones sospechosas de al menos cuatro empresas asociadas al jefe narco.
En esa misma causa, los fiscales destacaron que el juez denegó medidas clave como intervenciones telefónicas a Capuano, decisión que, según la acusación, lo benefició directamente.
La segunda investigación involucra a dos cooperativas portuarias de Puerto General San Martín y San Lorenzo, y a una financiera liderada por Fernando Whpei, señalado como amigo personal del juez. En este expediente, iniciado en 2019 en Campana y luego transferido a Rosario, Bailaque autorizó en 2020 el desbloqueo de fondos por cerca de 150 millones de pesos, permitiendo que fueran girados a una mutual que presidía Whpei. La operación debió haberse realizado a través de una entidad financiera regulada por el Banco Central.
El fiscal Federico Reynares Solari remarcó que Bailaque omitió informar su relación de amistad con Whpei hasta que fue cuestionado por camaristas. “Jamás negué que era su amigo”, habría respondido el juez. A modo de prueba, los fiscales exhibieron un viaje compartido a Chile entre ambos, realizado en abril de 2024.
Finalmente, la tercera causa apunta a un presunto accionar coordinado para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019. Según la acusación, el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y altos funcionarios de la exAFIP (hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero) habrían participado de maniobras de presión y armado de causas. El expediente se inició por una denuncia anónima irregular, que derivó en allanamientos y medidas que más tarde fueron calificadas como improcedentes. El exfuncionario Carlos Vaudagna, directivo de la exAFIP, se convirtió en “arrepentido” y admitió extorsiones a empresarios con complicidad judicial.
Un escándalo sin precedentes en la justicia federal rosarina
El caso Bailaque sacude los cimientos del fuero federal en Rosario, una jurisdicción históricamente bajo presión por el avance del narcotráfico y las redes de lavado. La eventual remoción del magistrado podría sentar un precedente inédito, tanto por la magnitud de las acusaciones como por los vínculos personales que atravesaron sus fallos.
La definición ahora queda en manos del Consejo de la Magistratura, que deberá resolver si inicia un proceso de suspensión o juicio político, mientras crece la presión para que el juez sea apartado de sus funciones de manera inmediata.