A través de un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó en las últimas horas a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial que deben intervenir en causas vinculadas a la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El planteo apunta a impedir que se expidan sobre dos ejes centrales de la ley: el tope a los haberes más altos y el denominado aporte solidario.
Los ministros recusados son Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Según el Poder Ejecutivo, su imparcialidad estaría comprometida porque se encuentran en condiciones de jubilarse, ya iniciaron ese trámite o, como en el caso de Weder, ya percibieron el beneficio previsional antes de asumir en la Corte.
La recusación fue firmada por el fiscal de Estado, Domingo Rondina, y se da en un contexto de fuerte conflictividad institucional. La reforma previsional sancionada en 2024 generó un amplio rechazo en el Poder Judicial, con presentaciones de inconstitucionalidad y protestas inéditas, como la movilización de jueces frente a los Tribunales de Rosario.
La ley establece un aporte solidario transitorio para jubilados con haberes superiores a tres jubilaciones mínimas -en diciembre de 2025, alrededor de 1,5 millón de pesos- con alícuotas de entre el 2% y el 6%. Además, fija un tope máximo equivalente a 20 jubilaciones mínimas, cercano a los siete millones de pesos. Ambos puntos son los más cuestionados por los pasivos judiciales.
Desde distintos sectores de la magistratura y de los abogados patrocinantes de las demandas aseguran que la recusación carece de lógica jurídica y responde a una maniobra política. Argumentan que todos los jueces serán jubilados en algún momento y que ese criterio, llevado al extremo, impediría a cualquier magistrado pronunciarse sobre cuestiones previsionales. También sostienen que el planteo es extemporáneo, ya que las recusaciones debieron formularse al momento de integrarse el tribunal y no cuando los expedientes están próximos a resolverse.
En Tribunales también se pone el foco en la jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes judiciales, que alcanza tanto a jueces en actividad como jubilados. “Un ministro de la Corte jubilado cobra alrededor de 14 millones de pesos. Con el tope pasaría a percibir la mitad. Eso vulnera principios básicos”, señalan en los pasillos judiciales.
Si prospera la recusación, de los siete miembros actuales de la Corte quedarían solo tres para resolver las causas —Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini— a los que deberían sumarse cuatro conjueces. En ese escenario, el malestar en el Poder Judicial es evidente y crecen las sospechas sobre una posible “digitación” de un fallo favorable al gobierno.
El episodio se inscribe, además, en una disputa más amplia. Pullaro viene presionando para renovar la Corte provincial y ya logró que Spuler, Falistocco y Gutiérrez anuncien su retiro para 2026, tras haber superado los 75 años. Días atrás, el gobernador firmó los decretos para impulsar sus reemplazos, con nombres claramente alineados a su proyecto político.
Así, la discusión por la ley jubilatoria dejó de ser solo un debate previsional y se convirtió en un conflicto de poderes que profundiza la grieta entre el Ejecutivo santafesino y la Justicia.